El Supremo de EE UU sacude el comercio transatlántico: Bruselas pide el fin de los aranceles
La decisión de la Corte Suprema de EE UU de declarar que el presidente se excedió en sus competencias al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no solo supone un revés político para Donald Trump. También introduce una profunda inseguridad jurídica en la relación comercial más intensa del planeta: la que mantienen la Unión Europea y Estados Unidos.
La sentencia —adoptada por seis votos frente a tres— cuestiona el fundamento legal de los llamados aranceles “recíprocos”, convertidos en emblema del segundo mandato de Trump. Aunque no invalida por ahora los gravámenes sectoriales sobre acero, aluminio o automóviles, sí desmonta el andamiaje jurídico que sustentaba la ofensiva arancelaria más amplia.
En Bruselas, la reacción ha sido de cautela institucional. La Comisión Europea, responsable de la política comercial común, ha subrayado a través de un portavoz comunitario que “las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad en la relación comercial”. En ese marco, la UE aboga por aranceles bajos y espera que Washington retire los gravámenes afectados por el fallo.
La cuestión no es menor. El acuerdo alcanzado el pasado verano entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y Trump fijaba un arancel general del 15 % para productos europeos, a cambio de la suspensión de tasas sobre bienes industriales estadounidenses y del compromiso europeo de aumentar compras energéticas por valor de 750.000 millones de dólares en tres años.
Si el Supremo considera ilegales los aranceles amparados en la IEEPA, la base política y jurídica de ese pacto queda inevitablemente bajo escrutinio.
Un acuerdo cuestionado desde su origen
El pacto fue criticado en varios Estados miembros y en el Parlamento Europeo por considerarlo desequilibrado y favorable a Washington. Bruselas defendió entonces que un 15 % era preferible al 30 % con el que amenazaba la Casa Blanca.
Ahora, el fallo judicial reabre el debate: ¿tiene sentido ratificar un acuerdo basado en aranceles cuya legalidad ha sido puesta en duda por el máximo órgano judicial estadounidense?
El presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, ha celebrado la sentencia como una señal positiva para el Estado de derecho, al subrayar que incluso el presidente de EE UU tiene límites legales. Sin embargo, también ha convocado una reunión extraordinaria para evaluar el impacto del fallo antes de la votación prevista sobre el acuerdo.
Algunas voces, como la eurodiputada verde Anna Cavazzini, plantean suspender preventivamente el pacto hasta que exista claridad sobre la respuesta de Washington.
Incertidumbre y riesgo de escalada
Aunque la sentencia limita el uso de la IEEPA, no impide que la Casa Blanca explore otras vías legales —como las investigaciones por seguridad nacional— para reintroducir aranceles. Trump ya ha anunciado un arancel global del 10 %, lo que confirma que la confrontación comercial sigue siendo un instrumento central de su política económica.
Ahora, las preocupaciones de la UE pasan por la inseguridad jurídica sobre los aranceles ya pagados por empresas europeas y la posibilidad de una nueva escalada mediante instrumentos alternativos.
El comercio transatlántico mueve alrededor de 870.000 millones de euros anuales en bienes, a los que se suman importantes flujos de servicios. Cada día cruzan el Atlántico mercancías por valor de unos 2.400 millones de euros. Cualquier alteración regulatoria tiene efectos inmediatos sobre cadenas de suministro, inversión y empleo en ambas orillas. @mundiario
