El PSOE quiere tumbar el pacto PP-Junts que eliminará el impuesto a la generación eléctrica

El Gobierno de coalición, formado por PSOE y Sumar, ha decidido maniobrar para frenar el acuerdo entre PP, Vox, Junts, ERC y PNV que busca eliminar el impuesto a la generación eléctrica. Esta medida, que supondría una pérdida de 1.500 millones de euros en ingresos públicos, preocupa al Ejecutivo por su impacto en las cuentas estatales.

Para evitar su aprobación, los partidos en el Gobierno utilizaron su mayoría en la Mesa de la comisión parlamentaria para suspender la sesión de tramitación de la ley sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, donde se había incluido la eliminación del gravamen como enmienda pactada entre los populares y los independentistas catalanes.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, confirmó que están explorando mecanismos parlamentarios para revertir la supresión del impuesto. La principal estrategia del Ejecutivo es ganar tiempo para intentar convencer a ERC y PNV de que retiren su apoyo a esta medida. De lograrse, el Gobierno podría mantener el impuesto medioambiental, fundamental para equilibrar las cuentas públicas en un momento en el que los Presupuestos Generales del Estado para 2025 están en el aire.

El conflicto surgió debido a un error en la votación del lunes por la noche. El Gobierno tenía la posibilidad de vetar la enmienda de PP y Junts para eliminar el impuesto, amparado en el reglamento del Congreso que permite bloquear propuestas que disminuyan los ingresos presupuestarios. Sin embargo, la ausencia de un diputado del PSOE impidió que el veto prosperara, facilitando que el acuerdo avanzara.

A pesar de este contratiempo, los socialistas no se dan por vencidos. Según fuentes parlamentarias, el PSOE planea recurrir al “voto particular”, una herramienta que permite solicitar cambios de última hora en un texto legislativo. Sin embargo, esta opción solo tendrá éxito si ERC y PNV modifican su posición inicial y respaldan el mantenimiento del impuesto.

Impacto económico y político del gravamen

El impuesto a la generación eléctrica es una tasa medioambiental que las empresas energéticas suelen trasladar a los consumidores, afectando a las facturas domésticas. El PP y Junts defienden su eliminación argumentando que beneficiaría a familias e industrias. Según cálculos del PP, suspender esta tasa supondría un ahorro de 400 millones de euros para los hogares, 500 millones para las pymes y 200 millones para grandes industrias.

Por su parte, el PSOE sostiene que el impuesto es necesario para mantener el equilibrio presupuestario y que su eliminación afectaría gravemente a las finanzas públicas. Pero la desaparición de este gravamen se suma a otros desafíos fiscales, como la posible suspensión del aumento en la tributación del diésel, que implicaría una pérdida adicional de 1.000 millones de euros para el Estado.

Todo ocurre también apenas unas semanas después de que el Gobierno salvara in extremis la aprobación de su reforma fiscal, necesaria para cumplir con la Comisión Europea, pero que incluía la prorrogación de los impuestos extraordinarios a las grandes energéticas y a la banca. Este paquete propició una auténtica hecatombe por los compromisos que adquirió el PSOE con el PNV y Junts, el ala derecha de sus socios parlamentarios, que reclamaban el cese de los gravámenes a las empresas eléctricas, mientras el Ejecutivo también pactó mantenerlos con vida con los partidos a su izquierda.

Junts aumenta la presión sobre el Gobierno

Este nuevo desencuentro con Junts se produce en un contexto de creciente tensión entre el partido independentista y el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace solo dos semanas, Junts apoyó por la mínima la reforma fiscal del Ejecutivo, pero advirtió que no respaldaría impuestos adicionales a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, como propone Sumar.

Además, el acuerdo entre PP y Junts coincide con las recientes declaraciones de Carles Puigdemont, líder de Junts, quien dijo que Sánchez “no es de fiar” y exigió que se someta a una cuestión de confianza por incumplir con el pacto de Bruselas que permitió su investidura. En Moncloa, tanto el PSOE como Sumar interpretan que Puigdemont está intentando elevar el precio de su apoyo de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno ahora enfrenta una carrera contrarreloj para evitar que prospere la eliminación del impuesto. La clave está en persuadir a ERC y PNV, socios habituales del Ejecutivo, para que retiren su apoyo a la enmienda. Sin su respaldo, la eliminación del gravamen podría revertirse y evitar así el agujero fiscal de 1.500 millones de euros.

Mientras tanto, el pulso entre el Gobierno y Junts refleja las complejidades de una legislatura marcada por alianzas frágiles y tensiones fiscales. El desenlace de esta disputa no solo tendrá repercusiones económicas, sino que también podría definir el equilibrio de poder en las negociaciones presupuestarias y la estabilidad política del Gobierno de coalición. @mundiario