¿Quiénes son los ganadores y perdedores de la ley fiscal de Trump?: sanidad e ingresos en riesgo

La ambiciosa ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada por el Congreso de EE UU reaviva el debate sobre quién gana y quién pierde cuando se reescriben las reglas tributarias de una de las mayores economías del mundo. Lejos de ser una reforma neutra, sus implicaciones dibujan un paisaje en el que las grandes empresas, los contribuyentes más adinerados y el sector energético tradicional —particularmente el petróleo, gas y carbón— emergen como claros ganadores, mientras que los hogares de bajos ingresos, las energías renovables y sectores del sistema sanitario quedan en situación de desventaja.

La reforma restaura deducciones claves del paquete fiscal de 2017, permitiendo a las empresas descontar inmediatamente el coste de maquinaria y de investigación y desarrollo, medidas que benefician directamente a grandes corporaciones y fabricantes. Además, se reintroducen incentivos para construir nuevas instalaciones industriales, incluyendo créditos específicos para fomentar la producción nacional de semiconductores.

Otro bloque beneficiado son las empresas del sector energético tradicional. La ley abre más de 4 millones de acres de tierras federales al desarrollo de petróleo y carbón, reduce las regalías que las empresas deben pagar al Estado y amplía el crédito fiscal por captura de carbono, que ahora podrá usarse para aumentar la extracción de crudo. También se prolonga el crédito fiscal para el desarrollo de hidrógeno hasta 2028, lo que favorece a gigantes petroleras como Chevron y Exxon.

Los hogares con ingresos altos también verán mejoras notables. Para el 20 % más rico, los ingresos netos aumentarían en promedio un 3 %, mientras que el 0,1 % superior obtendría beneficios superiores a los 290.000 dólares anuales. Asimismo, se amplía el techo de deducciones por impuestos estatales y locales, favoreciendo especialmente a quienes viven en estados con altas tasas fiscales.

Perdedores: programas sociales, energías limpias y hogares de bajos ingresos

En el otro extremo del espectro, las medidas más duras recaen sobre los sectores más vulnerables. La ley introduce por primera vez requisitos federales de trabajo para acceder al servicio sanitario de Medicaid y amplía las condiciones laborales para mantener el acceso a los cupones de alimentos (SNAP). La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que estas restricciones dejarán a al menos 11.8 millones de personas, la mayoría elegibles para el programa, sin cobertura médica ni apoyo alimentario para 2034.

El impacto económico para quienes ganan menos de 18.000 dólares al año se traduce en una pérdida de 165 dólares anuales, mientras que quienes se ubican entre los 18.000 y 53.000 apenas verán un incremento de 30 dólares que será sofocado por los costes de los servicios recortados. A esto se suma un endurecimiento de los requisitos para recibir subsidios del seguro médico bajo el sistema del Obamacare, lo que podría llevar a que otras 5 millones de personas pierdan su seguro médico.

Por otro lado, el sector de las energías limpias también enfrenta un retroceso considerable. La reforma elimina gradualmente los créditos fiscales a la inversión y producción de energía solar y eólica, vigentes desde hace décadas y esenciales para el crecimiento del sector. Aunque se evitó a última hora un impuesto especial sobre estas tecnologías, los requisitos para acceder a beneficios fiscales serán más estrictos a partir de 2027, lo que podría desacelerar su expansión. Del mismo modo, se pone fin a los créditos para vehículos eléctricos a partir de septiembre, lo que afecta a consumidores y fabricantes por igual.

Pequeñas empresas y clase media: impacto intermedio

Las pequeñas empresas organizadas como entidades de traspaso (pass-through) —abogados, médicos, inversores— se verán beneficiadas con la consolidación de una deducción fiscal que podría llegar hasta el 23 %, según la versión aprobada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, este beneficio no alcanza a todos los emprendedores ni se extiende a los autónomos de menores ingresos.

En cuanto a la clase media, el impacto será mixto. Hogares con ingresos entre 53.000 y 96.000 dólares anuales verán aumentos modestos —en torno a 1.430 dólares—, aunque algunas familias perderán acceso a subsidios sanitarios si no cumplen con los nuevos requisitos de verificación.

Más allá de sus implicaciones inmediatas, la ley representa un giro estructural en la política fiscal de EE UU, consolidando un modelo que prioriza el estímulo a la inversión privada en industrias selectivas, la manufactura nacional y el desarrollo energético tradicional, en detrimento de los programas sociales y la transición ecológica.

Los efectos políticos también serán profundos. El respaldo de poderosos lobbies empresariales y petroleros contrasta con la crítica frontal de asociaciones hospitalarias y organizaciones de defensa social. La balanza entre crecimiento económico, equidad fiscal y transición energética queda redefinida bajo una lógica transaccional que marca el estilo de gobierno de Trump.@mundiario