Las eléctricas asumen que el recargo antiapagón seguirá casi todo 2026
La sombre del apagón del 28 de abril sigue proyectándose sobre el sistema eléctrico español y, sobre todo, sobre el bolsillo de los consumidores. Las grandes compañías eléctricas ya planifican 2026 con una premisa asumida: el denominado recargo antiapagón, el sobrecoste que encarece la factura de la luz para blindar la estabilidad del sistema, no será una medida transitoria. Todo lo contrario. Las previsiones internas del sector apuntan a que se mantendrá durante muchos meses e incluso podría prolongarse prácticamente todo el próximo ejercicio.
El razonamiento es técnico, pero el efecto es profundamente cotidiano. Tras el colapso del sistema en la primavera de 2025, Red Eléctrica activó una operación reforzada que implica un mayor uso de los ciclos combinados de gas, las centrales que actúan como “red de seguridad” cuando la generación renovable, por su propia naturaleza, introduce tensiones e inestabilidad. Esa red de seguridad tiene un precio, y ese precio lo están pagando hogares y empresas en forma de recibos más caros.
Las fuentes empresariales consultadas por EL PAÍS coinciden en que el patrón de funcionamiento de 2026 será muy similar al de 2025. Aunque entrará nueva capacidad renovable y se espera una ligera moderación en el uso de los ciclos combinados, la reducción no será suficiente como para eliminar los sobrecostes asociados a la operación reforzada. Las previsiones más optimistas hablan de una bajada limitada de la producción eléctrica con gas, compatible con que los costes adicionales se mantengan casi intactos.
A estas alturas, el apagón ya no es solo un recuerdo traumático, sino un argumento económico que se ha instalado en el sistema. La seguridad energética se ha convertido en una línea fija de gasto.
El gas, la pieza incómoda pero imprescindible
Las cifras ayudan a entender por qué el recargo ha llegado para quedarse. Las estimaciones del sector sitúan la producción eléctrica de los ciclos combinados en torno a los 38 teravatios hora en 2026, frente a los más de 44 TWh de este año. El consumo de gas pasaría de algo más de 96 TWh a unos 80 TWh. Es una bajada relevante, pero insuficiente para volver a los niveles previos al apagón.
Enagás, gestor del sistema gasista, respalda este diagnóstico. Su previsión de demanda de gas para generación eléctrica en 2026 ronda los 82 TWh, por encima de lo que se preveía antes del apagón y muy lejos de los niveles de 2024, el último año sin operación reforzada. Traducido a términos simples: el sistema seguirá necesitando gas extra para no volver a colapsar.
Este dato encierra una paradoja incómoda. España acelera su transición energética y bate récords de instalación renovable, pero al mismo tiempo refuerza un esquema de respaldo fósil que encarece la luz. La transición, al menos de momento, no sale gratis.
Un procedimiento clave que avanza demasiado despacio
La gran esperanza para reducir el recargo antiapagón es el nuevo procedimiento de operación 7.4, aprobado por la CNMC el pasado junio. Su objetivo es permitir que las plantas renovables participen activamente en el control dinámico de tensión, una función hasta ahora reservada, en la práctica, a las centrales de gas. Si funciona, harían falta menos ciclos combinados y el coste del sistema bajaría.
El problema, según reconocen varias fuentes empresariales, es que la homologación de las plantas para este nuevo esquema avanza mucho más despacio de lo previsto. La lentitud administrativa y técnica está retrasando su impacto real sobre el sistema. Mientras tanto, el gas sigue siendo imprescindible y el recargo continúa acumulándose en la factura.
Red Eléctrica insiste en que la operación reforzada se irá reduciendo de forma progresiva, pero evita poner fechas concretas. El mensaje implícito es claro: la retirada total de las medidas extraordinarias no será inmediata.
El consumidor, atrapado entre seguridad y precio
El impacto económico ya es tangible. Tras el apagón, algunas comercializadoras incrementaron los recibos en torno a un 7%, alegando el aumento de los costes de ajuste del sistema. Aunque la CNMC frenó las subidas automáticas, el encarecimiento sí se está trasladando en las renovaciones de contratos. Iberdrola y Endesa, que juntas suman unos 20 millones de clientes, reconocen un impacto de 360 millones de euros y asumen que en 2026 el coste estará plenamente repercutido a los usuarios.
En la tarifa regulada (PVPC), cerca de nueve millones de consumidores pagan el recargo desde el primer día. Red Eléctrica minimiza su efecto, cifrándolo en apenas cuatro céntimos diarios para un consumo medio. Pero esa media es engañosa: en momentos de alta generación y baja demanda, especialmente en primavera y otoño, el coste se dispara. @mundiario
