Bruselas refuerza la Política Agraria para salvar el pacto con Mercosur de Macron y Meloni
La ofensiva de Bruselas para sacar adelante el acuerdo con Mercosur entra en su fase decisiva. Tras más de 25 años de negociaciones y un texto cerrado desde hace más de un año, la Comisión Europea ha optado por una estrategia pragmática: ofrecer garantías adicionales al sector agrícola para vencer las resistencias políticas que aún bloquean la ratificación del pacto. En el centro de esa maniobra se sitúan Italia y Francia, dos países clave por peso político, diplomático y demográfico.
La propuesta de Ursula von der Leyen de adelantar hasta dos tercios de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) del próximo marco financiero plurianual (2028-2034) supone un gesto de gran calado. Permitir que unos 45.000 millones de euros lleguen antes al campo europeo no solo tiene un impacto presupuestario, sino también político: es una señal clara de que la Comisión asume que la apertura comercial debe ir acompañada de compensaciones visibles para los sectores más expuestos.
Italia es el principal objetivo de esta oferta. El rechazo del Gobierno de Giorgia Meloni en diciembre, en plena ola de protestas agrarias en Bruselas, frustró una firma que ya estaba preparada en Brasil. Desde entonces, Roma había pedido “gestos y tiempos”, y ambos han llegado. La reacción positiva —aunque prudente— de la primera ministra italiana refleja que Bruselas ha acertado al identificar la financiación agraria como la clave para desbloquear su posición. Sin el apoyo de Italia, la mayoría cualificada necesaria en el Consejo de la UE es prácticamente inalcanzable.
Francia, en cambio, sigue siendo el escollo más difícil. Más allá de los fondos, París exige garantías estructurales: controles sanitarios aún más reforzados, prohibiciones de productos con sustancias vetadas en la UE y la aplicación efectiva de cláusulas de salvaguarda si el mercado interior se ve distorsionado. La defensa del sector agrícola francés tiene un fuerte componente interno y simbólico, y explica por qué el Elíseo mantiene un discurso duro incluso mientras Bruselas multiplica las concesiones.
Las aspiraciones geopolíticas de la UE
Desde una perspectiva europea, el movimiento de la Comisión revela una tensión de fondo: la dificultad de conciliar la ambición geopolítica de la UE con las sensibilidades nacionales. El acuerdo con Mercosur crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, con 700 millones de habitantes, y reforzaría la posición europea frente a EE UU y China en América Latina. Pero ese objetivo estratégico choca con el temor de muchos agricultores a una competencia percibida como desleal.
Las salvaguardas aprobadas en diciembre y las nuevas mejoras de la PAC buscan precisamente equilibrar esa balanza. Bruselas insiste en que el pacto no supone una desregulación, sino un marco con mecanismos correctores y cláusulas de emergencia. Aun así, la persistencia de las reticencias demuestra que el debate no es solo técnico, sino profundamente político.
En este contexto, la presión internacional también juega su papel. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha apelado directamente al mandatario francés Emmanuel Macron y Meloni para que asuman “sus responsabilidades”, consciente de que el bloqueo europeo tiene costes diplomáticos. Para la UE, retrasar de nuevo la firma debilitaría su credibilidad como actor comercial global.
El desenlace sigue abierto. Las concesiones pueden bastar para inclinar a Italia y lograr la mayoría cualificada, incluso sin Francia. Pero el episodio deja una lección clara: la política comercial europea ya no puede avanzar sin integrar de forma explícita las preocupaciones sociales y territoriales. El pulso entre Bruselas, París y Roma no es solo sobre Mercosur, sino sobre el modelo de integración económica que la UE quiere proyectar en la próxima década.
