Mercosur, al filo del abismo: la UE busca un salvavidas político para cerrar el acuerdo comercial
La escena se repite en Bruselas con una mezcla de urgencia y fatiga política: un gran acuerdo estratégico, largamente negociado, amenaza con descarrilar en la recta final por vetos nacionales y presiones internas. El pacto entre la Unión Europea y los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— se ha convertido en el último examen de estrés para la política comercial común y para la capacidad del bloque de actuar como actor geopolítico coherente.
La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, busca fórmulas in extremis para salvar el acuerdo tras aplazar la votación final por las dudas de Italia y el rechazo frontal de Francia, ambos gobiernos presionados por las protestas de los agricultores. El foco se ha desplazado ahora a Roma. Convencer a la primera ministra Giorgia Meloni es clave: sin Italia, las cuentas no salen en una votación que exige mayoría cualificada en términos de población, más aún cuando Polonia ya ha anunciado su oposición.
Desde la óptica comunitaria, el acuerdo con Mercosur es mucho más que un tratado comercial. Crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y más del 20 % del PIB global. En un contexto marcado por el proteccionismo estadounidense de Donald Trump y la dependencia europea de China, Bruselas ve el pacto como una pieza esencial para diversificar mercados, asegurar materias primas críticas y recuperar influencia en América Latina, una región donde la UE ha perdido terreno frente a Pekín.
Los beneficios económicos están cuantificados: la eliminación de aranceles permitiría a las empresas europeas ahorrar más de 4.000 millones de euros anuales en derechos de aduana, con ventajas claras para sectores como la maquinaria, la automoción, la química o la industria farmacéutica. Italia, paradójicamente, figura entre los grandes beneficiados potenciales, con miles de millones en exportaciones que hoy soportan aranceles de hasta el 35 %.
Agricultura, el talón de Aquiles del pacto
Sin embargo, el coste político interno es elevado. Francia e Italia cuestionan que las salvaguardas incluidas en el texto sean suficientes para proteger a sus agricultores frente a una competencia que consideran de plano desleal, a pesar de que se les exigirá a las exportaciones que cumplan con los estándares europeos y que hay más productos comunitarios protegidos. Además, Europa se verá beneficiada en varias industrias sofisticadas y con productos de mayor valor bruto, como la automoción, cuando sus contrapartes latinoamericanas lo harán en sectores primarios como la ganadería, agricultura o minería.
La Comisión ha respondido acumulando garantías. En los últimos meses ha añadido cláusulas de salvaguardia, límites estrictos a las cuotas de productos “sensibles” y mecanismos para reintroducir aranceles si las importaciones o la caída de precios superan el 8 %. Además, ha prometido aumentar un 50 % las auditorías en terceros países y un 33 % los controles en fronteras europeas.
Aun así, las dudas persisten en un sector que nunca estuvo por la labor de firmar el tratado. Las auditorías comunitarias en Brasil han revelado carencias serias en el control del uso de hormonas prohibidas y antibióticos, especialmente en el sector de la carne de vacuno. Organizaciones agrarias europeas temen que los problemas detectados sean solo la punta del iceberg y que las exigencias formales de Bruselas no basten si los Estados miembros no refuerzan la vigilancia en aduanas.
Este es el núcleo del dilema político: la UE presume de tener los estándares fitosanitarios más estrictos del mundo, pero reconoce sus limitaciones para imponerlos de facto a productores de terceros países. Esa brecha alimenta el escepticismo de gobiernos como el francés y el italiano, que dudan de que el equilibrio entre apertura comercial y protección agrícola sea sostenible.
Italia, árbitro del desenlace
Roma juega ahora un papel decisivo. El Gobierno de Meloni ha dejado la puerta entreabierta: asegura estar dispuesto a firmar en cuanto reciba “respuestas necesarias” para sus agricultores, respuestas que dependen en gran medida de la Comisión. De ahí que Bruselas explore incentivos adicionales, como nuevas subvenciones o un mayor peso de la agricultura en el próximo marco financiero plurianual.
El calendario es ajustado. La Comisión quiere rubricar el acuerdo a mediados de enero, consciente de que un nuevo fracaso tendría un alto coste reputacional grave en una región que está siendo cortejada por Pekín y bajo la mirilla del presidente de EE UU, Donald Trump, en función de la revitalizada doctrina Monroe. En América Latina, reforzaría la imagen de una UE incapaz de cumplir sus promesas; en el tablero global, facilitaría que países del Mercosur aceleren acuerdos alternativos con China, India o los Emiratos Árabes Unidos.
Más allá del contenido del acuerdo, lo que está en juego es la credibilidad de la UE como actor estratégico. Un nuevo bloqueo tras un acuerdo político cerraría en falso 26 años de negociaciones y enviaría el mensaje de que la política comercial común sucumbe ante vetos nacionales y presiones domésticas.
La paradoja es evidente: mientras Bruselas proclama la necesidad de autonomía estratégica y diversificación de socios, sus propias divisiones internas amenazan con frustrar el mayor acuerdo comercial de su historia. El desenlace dependerá, en gran medida, de si la Comisión logra ofrecer a Italia —y, por extensión, a otros gobiernos reticentes— una salida políticamente vendible. @mundiario
