El alza del SMI y la trampa fiscal: una subida que no llega completa al trabajador
El reciente aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 16.576 euros anuales ha generado un nuevo foco de debate dentro del Gobierno. Aunque la subida supone una mejora de 700 euros al año para los trabajadores con menores ingresos, la decisión de Hacienda de no actualizar el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha convertido el incremento en una carga tributaria inesperada para algunos perceptores.
El Ministerio de Hacienda ha optado por mantener el mínimo exento en los 15.876 euros actuales, lo que implica que los trabajadores que perciban el nuevo SMI deberán tributar por los 700 euros adicionales, enfrentando una retención de aproximadamente 300 euros. Este fenómeno, que afecta especialmente a solteros sin hijos, se debe a la combinación de la estructura del IRPF y el diseño de las reducciones fiscales aplicadas a los rendimientos del trabajo. En la práctica, el tipo marginal que enfrentan estos trabajadores supera el 40%, una anomalía fiscal que ha sido objeto de crítica por parte de diversas fuerzas políticas.
Mientras el PSOE defiende que el SMI ha subido un 61% desde 2018 y que ha estado acompañado de reducciones fiscales en años anteriores, desde Sumar, sus socios de izquierda y el Partido Popular (PP) se exige una actualización del impuesto para evitar que el alza del SMI implique una mayor tributación para las rentas más bajas. Argumentan que la situación actual supone un impacto desproporcionado en un sector que debería beneficiarse íntegramente de la mejora salarial.
Una tributación marginal
El problema radica en el diseño del IRPF, que presenta distorsiones en sus tramos inferiores. Cuando un contribuyente supera ciertos umbrales de ingresos, las reducciones por rendimientos del trabajo se reducen progresivamente, provocando que el tipo marginal se dispare. Así, trabajadores con ingresos bajos pueden llegar a enfrentar una tributación marginal más elevada que rentas superiores, antes de que el impuesto vuelva a estabilizarse en torno al 30%.
A pesar de que este problema no es nuevo, Hacienda había ajustado en años anteriores el mínimo exento para evitar este tipo de distorsiones. Sin embargo, con la nueva decisión, el Gobierno ha dado un giro en su política fiscal respecto al SMI, bajo la premisa de que debe tributar al igual que otras rentas del trabajo. La cuestión sigue abierta en el ámbito político, con un bloque de partidos que buscará impulsar una reforma para mitigar el impacto fiscal sobre los trabajadores con menores ingresos. @mundiario
