La rentable 'Ley contra la violencia en el deporte' no acaba con episodios incívicos

La normativa, que genera regularmente sanciones por disposiciones como consumo ilegal de alcohol en recintos deportivos, no ha logrado aún, sin embargo, su 'leitmotiv'; la prevención de la violencia.

De Asturias a Canarias, haciendo parada en Cataluña. El fútbol español vivió el pasado fin de semana un capítulo atroz en lo que a violencia se refiere, con los incidentes ocurridos en Langreo, Las Palmas y Llagostera que todos hemos podido ver en multitud de vídeos e imágenes escalofriantes. A saber, violencia entre aficionados rivales, entre propios fanáticos del mismo equipo y entre hinchas y agentes del orden.

No es cuestión de dar frías cifras de heridos, detenidos y destrozos. Tampoco hemos de ser jueces ni evaluar quién provocó a quién, pues estaríamos legitimando, aunque sea de manera ínfima, este tipo de comportamientos inapropiados en una sociedad civilizada.

Se trata de un problema conyuntural de podridas raíces educativas y con fiel reflejo en el fútbol pero que abarca, como es lógico, otros ámbitos sociales. Pese a todo, los dirigentes políticos de las últimas décadas no han sabido atajar el problema y, lejos de ello, han querido hacer caja con esta lacra. Bajo el paraguas de la prevención, la 'Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte' (19/2007) esconde un afán recaudatorio que, lejos de evitar espectáculos como los del pasado fin de semana, tiene su mayor activo en las sanciones regulares que cada semana reciben los más cortos de entendederas al verse sorprendidos con alcohol dentro del recinto deportivo o aireando los tan característicos insultos futboleros, por ejemplo. El carácter disuasorio de estas multas queda en entredicho y su carácter recaudatorio demostrado cuando surgen los auténticos episodios de violencia a los que esta ley es incapaz de hacer frente, ni antes, ni después.

"El objetivo central de la presente ley es erradicar la violencia en el deporte, además de prevenir, controlar y sancionar con rigor cualquier manifestación violenta en el ámbito de la actividad deportiva, especialmente, cuando adquiere connotaciones de signo racista, xenófobo o intolerante", reza la presentación de ley. Ya en el mismo preámbulo, se habla del deporte como "un fenómeno complejo que supera el ámbito propiamente deportivo y obliga a las instituciones públicas a adoptar medidas que fomenten la prevención e incidan en el control cuando no en la sanción de los comportamientos violentos". Me pregunto qué evaluación de esta normativa podrían hacer aquellos aficionados de bien que, con niños pequeños o personas mayores, se ven habitualmente inmersos y sin quererlo en este tipo de encerronas antisociales. ¿Se toman medidas contra las respectivas delegaciones del Gobierno encargadas de diseñar unos planes de seguridad que, en ocasiones, resultan deficientes?

En lo que se refiere a las multas desmesuradas en relación causa / efecto en algunas de sus disposiciones, esta ley es una maquinaria perfectamente engrasada. Sin embargo, el grueso de aficionados continúa a la espera de que el 'leitmotiv' de ésta, la prevención, se anteponga a la mera recaudación económica.