La abolición del ejército en Costa Rica y su historia
El 31 de octubre de 1949, la Asamblea Legislativa aprobó el artículo que establecía la Abolición del ejército. El 7 de noviembre de 1949 se aprobó la Constitución Política que estableció esta abolición.
Este jueves 1 de diciembre se conmemora uno de los logros más importantes de Costa Rica, el cual es la abolición del ejército.
El pasado 19 de mayo, el Gobierno Alvarado-Quesada firmó la ley que la “Celebración Nacional del 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército y Día Feriado de Pago No Obligatorio”.
La legislación modificó el artículo 148 del Código de Trabajo con el fin de que esa fecha sea considerada un día feriado de pago no obligatorio, en lugar del 12 de octubre, e instruyó al Poder Ejecutivo organizar actos en todo el país en celebración de esta histórica conmemoración.
Tras la aprobación de la Ley N°9875, cuyo propósito es contribuir con la reactivación económica del sector turístico, el Día de la Abolición del Ejército se celebrará el lunes 5 de diciembre.
Cuando si había ejército
A pesar de que a Costa Rica se le reconoce como un país de paz, no siempre fue así y tuvo que participar en ciertos conflictos bélicos, principalmente en los años de 1800.
Algunos conflictos fueron con países vecinos como Nicaragua y uno que otro fueron internas entre las provincias locales.
El historiador Vladimir de la Cruz indicó que “Fue durante el período de la Guerra Nacional que el Ejército alcanzó su mayor dimensión. En 1855, el presupuesto del Ejército era equivalente casi al 20% del presupuesto nacional y, el armamento de las tropas para la guerra se gestionó en Europa, principalmente en Inglaterra”.
Además que hacia 1856, el Ejército que se constituyó para la gran Guerra Nacional se compuso de 9 mil hombres debidamente armados, situación que se financió con un empréstito de cien mil pesos, favorecido por el buen estado de la economía nacional durante estos años.
El ingreso de Costa Rica a la guerra en Nicaragua modificó el panorama político, económico y social. La constitución del Ejército, por su masividad popular le imprimió un carácter nacional y libertador, con un alto grado moral.
“La guerra contra los filibusteros era de carácter prolongado. Había que movilizar tropas y así se hizo. Ello obligó a una gran organización de reclutamiento, de avituallamiento y asegurar la comida de los combatientes, así como el financiamiento de la guerra. La Guerra contó con la autorización del Congreso, y el apoyo de la Iglesia Católica. Hubo necesidad de centralizar más el aparato militar para ir a la Guerra y de reestructurar los Batallones. En tiempo de guerra el Ejército debía aumentarse en hombres y en gastos, en tiempos de paz, se tenía claro que el Ejército se debía disminuir”, detalló de la Cruz.
Abolición del ejército
Toda la información fue brindada por el historiador costarricense, Vladimir de la Cruz a Mundiario Costa Rica, como parte de la nota especial que se realizó en conmemoración a este día.
Al terminar la guerra civil prácticamente había dos ejércitos, el del Estado y el de Figueres.
En diciembre de 1947, con motivo del Pacto del Caribe, Figueres había advertido de este movimiento insurreccional, de la instalación de la Junta Revolucionaria y de una nueva Constitución Política. Al asumir Figueres no disolvió inmediatamente el Ejército institucional. El 8 de mayo al suspender la Constitución Política de 1871, que era la vigente, la que le daba sustento legal a la existencia del ejército, de hecho le liquidó su legitimidad, y en cierta forma, le eliminó, aunque en la realidad siguiera existiendo, pero ya débil.
“El 25 de mayo de 1948 Figueres señaló que el Ejército era aún necesario y creó el Departamento de Defensa, dependiente del Ministerio de Seguridad que él había creado. Durante el ejercicio de la Junta Fundadora de la Segunda República discutieron sobre la necesidad y oportunidad de mantener el ejército. Era una realidad que se proponían eliminarlo”, detalló de la Cruz.
José Figueres, Uladislao Gámez, Ministro de Educación y Edgar Cardona, Ministro de Seguridad, quien en el seno de la Junta Fundadora de la Segunda República, había hecho la propuesta de su abolición.
Cuando se produjo en diciembre de 1948 el Crimen del Codo del Diablo, ejecutado por efectivos militares de la Junta de Gobierno contra dirigentes comunistas presos en Limón, que sacados de la cárcel bajo el pretexto de trasladarlos a San José, fueron asesinados en un recodo del Río Reventazón, llamado el Codo del Diablo.
“Quienes ejecutaron este crimen, que fueron detenidos se les quiso juzgar por la Justicia Militar, lo que no se aprobó y fueron sometidos a Tribunales Judiciales ordinarios. Lamentablemente les facilitaron la fuga cuando fueron condenados a prisión. El acto de someterlos a Tribunales ordinarios fue otro evento por el cual se limitó la presencia militar en el país, y se impidió un Fuero Militar existente para la Fuerza Pública, en ese momento, 1948, todavía bajo fuerza de las armas de la Junta Fundadora de la Segunda República”, explicó De la Cruz.
La Junta Fundadora de la Segunda República, dispuso, el 11 de octubre de 1948 en la resolución N° 749 «suprimir el ejército como institución permanente, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil».
El 25 de noviembre de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República había aceptado la idea de abolir el ejército.
El 1 de diciembre en el acto de la entrega del Cuartel a la Universidad se afirmó: “La época de los cuarteles había quedado para la Historia. Inicia la época de las escuelas, colegios, universidades y museos”.
Cuando se integra la Asamblea Nacional Constituyente, el 3 de febrero de 1949, se hace el anuncio de querer abolir el ejército, y así se propone en el Proyecto de Constitución Política que la Junta presenta a la Asamblea Nacional Constituyente, proyecto que le fue rechazado, pero sin lugar a dudas había quedado sembrada la semilla de la abolición en los constituyentes.
Finalmente el 31 de octubre de 1949, la Asamblea nacional Constituyente aprobó el artículo constitucional que establecía la disolución o Abolición del ejército como institución permanente, confiando la defensa a la Policía nacional o Guardia civil. El 7 de noviembre de 1949 se aprobó íntegramente la Constitución Política que estableció esta abolición.
La proscripción del ejército se elevó a rango constitucional en 1949, en el artículo 12 de dicha carta que literalmente dice: «Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policías necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva».
Los cuerpos policiales que se formaron a partir de 1949 fueron entrenados en sus mandos superiores, durante las siguientes tres décadas.
En el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, se declaró el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, y en este Gobierno, bajo su impulso y el de su Ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, se le eliminó a la Fuerza Pública el uso de rangos militares de Ejército, en su estructura administrativo, en su escalafón y en sus uniformes, y símbolos de distinción.
Así, el 24 de julio de 1987, el Presidente Arias Sánchez y su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez, suprimió los rangos militares.
De nuevo se restablecieron en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1994-1998 y nuevamente fueron suprimidos en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002.
“Aún hay en la Fuerza Pública tendencias militaristas para su preparación, más que policiales, que siguen existiendo y siendo un peligro latente en esta dirección”, advirtió de la Cruz.
Beneficios
“Propicia y vigoriza la denominada estabilidad institucional y política, evitando la posibilidad de intervenciones militares foráneas sin peligros de golpes de Estado. Favorece la inversión social y destinar presupuestos a políticas públicas. Refuerza la actitud civilista y pacifista en la población como un valor de arraigo social que estableció aún más una sana democracia”, indicó de la Cruz. @mundiario
