El aumento controversial en el contrato de comunicación
La titular de la Presidencia, Natalia Díaz, fue la figura clave que propuso al BCIE el aumento de $105,000 en el cuestionado contrato destinado a la empresa de Christian Bulgarelli. Este contrato, inicialmente de $300,000, se incrementó a $405,000 y fue financiado mediante una donación del BCIE al Gobierno costarricense.
La polémica surgió por el hecho de que Bulgarelli redactó personalmente los términos del concurso, los cuales fueron enviados por Zapote al banco regional. Posteriormente, la empresa de este productor audiovisual, Nocaut, ganó la licitación en octubre de 2022 por $300,000 para prestar servicios a Casa Presidencial durante seis meses.
Sin embargo, el 1 de marzo de 2023, la ministra Natalia Díaz solicitó un aumento en el presupuesto. En una carta dirigida al jefe país del BCIE en Costa Rica, Álvaro Alfaro, solicitó destinar $105.000 de la partida destinada a atacar pensiones de lujo para ampliar los servicios de comunicación, incluyendo videos y monitoreo de redes sociales, bajo la categoría de "Fortalecimiento Democrático". ".
La ministra argumentó la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, justificando la prórroga de servicios como la "creación de planos estratégicos, producción de mensajes en todos los formatos, seguimiento y análisis de las tendencias de opinión ciudadana".
Aunque Casa Presidencial aseguró que el proceso fue transparente, omitieron informar que el contrato se aumentó en $105.000, como reveló La Nación en diciembre pasado.
Las grabaciones divulgadas muestran que la contratación de Bulgarelli comenzó poco después de que el presidente Rodrigo Chaves asumió el cargo en mayo de 2022. En las conversaciones, Chaves y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hablaron con Bulgarelli sobre el dinero y el contrato meses antes de que el BCIE realice el concurso público.
En la carta del 1 de marzo del año pasado, Natalia Díaz solicitó reasignar el primer $1 millón donado por el BCIE, distribuyéndolo en diferentes rubros, incluyendo servicios de comunicación, consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sistema de ciberseguridad, acondicionamiento de instalaciones en Presidencia y una auditoría.
El BCIE indicó que estos fondos ya fueron ejecutados y que el Gobierno solicitó un segundo $1 millón, pendiente de aprobación. A pesar de las consultas, la ministra Díaz no ha proporcionado respuesta hasta la fecha de esta publicación.
El expresidente del BCIE, Dante Mossi, calificó el incidente del contrato de Bulgarelli como una "infracción grave". El responsable de la evaluación y selección de contratistas fue Díaz, quien también solicitó los diseños para Bulgarelli.
La nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su compromiso de fortalecer los controles para mejorar la eficiencia, transparencia y gobernanza del BCIE. @mundiario
