La rectificación de la sanción a la CCSS
Los magistrados de la Sala I han respaldado la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de sancionar al exgerente financiero de la CCSS, Manuel Ugarte Brenes, por no actualizar el alquiler de dos edificios pertenecientes al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La Contraloría había declarado a Ugarte administrativamente responsable en agosto de 2015, recomendando su despido por falta grave y prohibiéndole reingresar a cargos públicos durante dos años.
A pesar de la jubilación de Ugarte antes de la sanción, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no pudo ejecutar el despido. Además, Ugarte impugnó la sanción en tribunales, argumentando que la jubilación no eliminaba la obligación de la Contraloría de investigar los hechos relacionados con el manejo de recursos públicos.
En un fallo emitido el pasado 2 de noviembre, la Sala Primera concluyó que la jubilación de un exfuncionario público no exime a la Contraloría de investigar y esclarecer las acciones vinculadas con el manejo de fondos públicos. A través de la resolución TCCA-196-2023, los magistrados rechazaron un recurso de casación presentado por Ugarte, respaldando la competencia de la CGR para imponer sanciones administrativas incluso después de que el investigado haya dejado el servicio público.
Ugarte, quien trabajó en la CCSS desde septiembre de 1970 hasta agosto de 2012 como gerente financiero, se retiró para pensionarse. La CGR abrió un procedimiento administrativo dos meses después de su retiro para investigar la presunta negligencia en los arrendamientos de dos edificios propiedad del IVM.
La Contraloría encontró que Ugarte, al frente de la gerencia financiera, mostró "falta de interés y negligencia" al no actualizar oportunamente los alquileres de los edificios Gerardo Valverde Marín y Laureano Echandi Vicente. La rentabilidad afectaba el patrimonio del fondo IVM. Además, se reveló que ambos edificios, propiedad del seguro de pensiones del IVM, eran arrendados al Seguro de Salud de la CCSS, que solo desembolsaba el 3% del monto debido por alquiler.
A pesar de las instrucciones a subordinados, la CGR determinó que Ugarte no tomó las decisiones correspondientes y no vigiló el cumplimiento. La pérdida estimada ascendió a ¢4.700 millones, basándose en la suposición de que el alquiler debería haberse incrementado a ¢175 millones mensuales antes del 2012.
Ugarte impugnó la sanción, alegando que la CGR actuó más allá de sus competencias. Sin embargo, los magistrados afirmaron que la potestad disciplinaria persiste, independientemente de la condición laboral del exfuncionario. El tribunal destacó que la investigación de la función pública es esencial para la transparencia y el desempeño ético, incluso cuando el individuo ya no ocupa el cargo público. @mundiario
