¿Hasta dónde es capaz de llegar Sánchez en cesiones a sus socios de Cataluña?

Luego de los sucesos de 2017, el ilegal referéndum de autodeterminación y el resto de los episodios de lo que se pretendió que fuera el inicio de la independencia de Cataluña, preguntado al respecto, Pedro Sánchez declaró que, a su juicio, los líderes independentistas, a los que luego indultaría (sin que estos se arrepintieran de sus actos y declararan que perseveraban en los objetivos que los animaron) habían cometido un delito de “rebelión”, no de sedición, como luego resultaría. Eran aquellos tiempos en que declaraba desde la tribuna del Congreso que, si para llegar a la Moncloa tuviera que optar entre depender de los votos de los independentistas y “mis principios”, elegiría sus principios. Ahora, sus consocios de ERC le han vuelto a exigir que si quiere seguir contando con ellos empiece por reformar en el Código Penal los delitos de sedición y rebelión (a la carta), aparte de las permanentes reivindicaciones de referéndum para la independencia, reducción de la presencia del Estado en Cataluña y, por supuesto, más dinero. Atención a los tiempos venideros, porque no sólo se trata de borrar para siempre la calificación del delito de los independentistas, sino abrir el camino para el retorno incólume de Puigdemont y los fugados, con quien por cierto despacha con frecuencia el presidente Aragonès. Y en la medida de facilitar su retorno, anotemos la petición o exigencia de amnistía para todas las causas penales o civiles derivadas del “Procès”.

En su día, el juez (destituido y luego repuesto) Santiago Vidal, autor del proyecto de Constitución de Cataluña, declaró en su día que en sus negociaciones previas con los independentistas (con las que no estaba de acuerdo Rubalcaba, por entenderlas peligroso experimento), Sánchez le ofreció reponer mediante leyes orgánicas los aspectos que el Tribunal Constitucional había eliminado o reinterpretado de aquel Estatuto de Cataluña de 2006, que Zapatero aceptó sin conocerlo. Ahora, entre otros asuntos, el asunto se vuelve a poner sobre la mesa de las negociaciones en forma de nuevo Estatuto que reduzca la ya escasa presencia del Estado en aquella comunidad.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez por esos 13 votos de ERC que ayudaron a colocarse en la Moncloa y mantenerse allí? Las noticias que trascienden oficialmente (lo que no sabemos es lo que no se cuenta, pero se habla) de las actuales conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat, aparte de las viejas demandas del independentismo, presentan dos perfiles llamativos: Ante todo, la reducción de la lengua oficial del Estado, como quieren los independentistas, a un contenido “curricular”, pero no “vehicular” en las escuelas de Cataluña, eliminando la cuota del 25 por ciento, contra las propias sentencias judiciales que lo avalan. ¿Y esto puede admitirlo el Gobierno del Estado? Pues parece que sí, pero nada puede extrañar cuando vivimos la paradoja del absurdo, de que la estabilidad de tal gobierno al frente de la nación dependa en gran medida de los mismos que quieren destruirla y salirse de la misma, como con tanta claridad afirma Otegui, en el sentido de que, para alcanzar sus objetivos, “hay que destruir España”.

La obscenidad de las palabras

Pero la verdadera obscenidad de todo el proceso está en otras dos palabras o conceptos, aparte de lo de “curricular” (que convierte la lengua común en un contenido más en las curricula escolares, como la gimnasia), esas palabras son “judicialización” y la omisión de la referencia expresa, como marco de esos acuerdos de la propia Constitución. En el caso de la palabra judicialización supone que el conflicto no lo crean los que aplican la Ley, sino quienes la vulneran; de suerte que “judicializan” los jueces y el Estado y no los sediciosos. Y a la medida de los intereses de estos, aparte del indulto pasado, ahora se ahorma el Código Penal para que sus conductas pasadas y las futuras se evadan de las responsabilidades derivadas de su intento de subvertir el Estado.

Y para completar el cuadro, se vuelve a excluir de la declaración del avance de las negociaciones que las mismas no pueden tener otro marco que la propia Constitución, que no se cita, disfrazada con el equívoco término del “marco jurídico del Estado”; un marco que puede ser una disposición elaborada a la medida, en la forma que convenga. Las manifestaciones, tras las primeras reuniones, del ministro y Portavoz Bolaños son más que preocupantes, en la medida que de ahí puede salir cualquier cosa. Atentos al detalle de lo que se anuncia, donde aparece la sombra de ese referéndum, pues se dice que los acuerdos entre Gobierno y Generalitat, cualquier “solución política” deberá contar con el respaldo de una “mayoría social amplia y transversal”. ¿Se entiende no? Al tiempo.

Está claro que, de momento, de modo claro, se van arriando banderas. Donde las cesiones del Gobierno no dejan lugar a dudas, es en el asunto de la lengua, ya que el castellano se relega mediante una burda maniobra de enmascaramiento de potenciar el uso de las otras lenguas, sin que una cosa tuviera que hacerse a costa de otra.

Y si alguien tenía dudas, Puigdemont nos las aclara: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido que en el próximo 1 de octubre (quinto aniversario del 1-O) haya "una respuesta explícita" del independentismo ante los acuerdos de la mesa de diálogo de este miércoles: "Que se haga oír aquello que no se hace oír en la mesa de diálogo. Y que emplace a todo el mundo, porque nos necesitamos todos, a dialogar para retomar el proceso de independencia", ha asegurado este viernes en un tuit recogido por Europa Press. Puigdemont ha criticado que de esta mesa sale "un documento en el que se adopta, como estrategia para satisfacer las necesidades de Cataluña, la hoja de ruta fijada por el PSOE en las declaraciones de Granada y Barcelona, y en el que se asume la narrativa unionista". Para que se dé un diálogo de verdad, ve necesario que el Gobierno "comience por condenar su conducta de hace cinco años (por el 1-O) y se presente en la mesa habiendo tomado decisiones ejecutivas para castigar a los responsables", algo que ve lejos de que se produzca. Por ese motivo, ha reivindicado que el 1 de octubre el independentismo debe "formular preguntas y exigir respuestas". @mundiario.