Represión religiosa en Nicaragua: el obispo Rolando Álvarez en régimen de aislamiento
Tras la liberación de doce sacerdotes, dos expertas de la ONU en derechos humanos piden la misma medida para el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años prisión por supuestamente traicionar a la patria.
El 18 de octubre todos los sacerdotes católicos que habían sido arrestados como parte de la reciente represión contra la Iglesia en Nicaragua fueron liberados. Este proceso de excarcelación se llevó a cabo gracias a un acuerdo con el Vaticano, según informaron las autoridades del país centroamericano.
Ahora bien, el obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, no contó con la misma suerte. Este permanece detenido de manera arbitraria desde agosto de 2022, tras ser condenado sin un juicio previo y haber perdido sus derechos de ciudadanía y nacionalidad.
Las relatoras especiales de la ONU sobre la libertad de credo, Nazila Ghanea, y sobre la libertad de expresión, Irene Khan, han expresado una profunda preocupación por los "patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras religiones por parte de las autoridades nicaragüenses". En un comunicado conjunto, las expertas han instado al Gobierno a "liberar inmediata e incondicionalmente al monseñor Álvarez y a proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país".
El obispo Álvarez Lagos se encuentra en un régimen de aislamiento y en condiciones que contravienen gravemente las Reglas de Nelson Mandela, un hecho que ha generado preocupación y críticas en la comunidad internacional.
Medidas gubernamentales de represión
Desde los Diálogos Nacionales de 2018, el obispo Álvarez se destacó por sus llamados a la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses.
Las relatoras Ghanea y Khan han advertido sobre las medidas gubernamentales de represión, que incluyen el arresto y detención arbitraria de miembros de la Iglesia Católica y otras religiones, deportaciones forzosas y prohibiciones de entrada al país, la criminalización de actividades pastorales, la prohibición de realizar ceremonias religiosas, el asedio policial a domicilios o lugares de culto, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones relacionadas con grupos religiosos, así como la confiscación de sus bienes.
Además, las expertas han señalado que desde 2022, las autoridades nicaragüenses habrían cancelado la personalidad jurídica de al menos mil organizaciones sin fines de lucro, 320 de ellas de carácter religioso.
De hecho, en agosto de 2023, el Gobierno derogó la personalidad jurídica de la histórica Universidad Centroamericana, dirigida por la orden católica jesuita, y decomisó sus instalaciones. También se habría anulado la personalidad jurídica de dos universidades cristianas evangélicas y de otra asociada con la Iglesia Católica.
Las relatoras recuerdan que estas acciones violan el derecho internacional y parecen formar parte de un patrón más amplio de represión contra diferentes componentes de la sociedad civil nicaragüense, especialmente hacia personas o entidades percibidas como críticas del gobierno. Afirmaron que las autoridades estarían vulnerando seriamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de religión o creencias, la libertad de asociación, y la libertad de expresión y opinión, entre otras garantías fundamentales. @mundiario
