Nicaragua bajo la lupa internacional: continúa el deterioro generalizado de los derechos humanos

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha emitido una denuncia sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, destacando un continuo deterioro de las garantías fundamentales en el país centroamericano. Durante un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos, Türk expresó su profunda preocupación por la persistente represión del gobierno nicaragüense contra aquellos que se atreven a expresar opiniones críticas o disentir de su administración.

El Alto Comisionado afirmó que las personas percibidas como opositoras o críticas al gobierno siguen siendo perseguidas y sometidas a medidas que vulneran sus derechos humanos. Estas medidas incluyen sentencias largas de prisión dictadas sin juicio en un sistema de justicia carente de independencia; así como la deportación, privaciones arbitrarias de la nacionalidad y prohibiciones para que los nicaragüenses regresen a su propio país.

Türk también reveló que su Oficina ha documentado que 71 personas permanecen detenidas arbitrariamente después de ser juzgadas y condenadas sin las debidas garantías procesales. Además, destacó la limitación del espacio cívico y las restricciones a las libertades individuales y colectivas en Nicaragua, señalando que el activismo cívico organizado y la defensa de los derechos humanos se han vuelto prácticamente imposibles.

Libertad de credo ha sido vulnerada

El Gobierno de Daniel Ortega ha intensificado su control sobre la sociedad civil, cancelando el estatus legal de más de 2.000 organizaciones desde agosto de 2022, sumando un total de 3.394 organizaciones cerradas desde 2018 hasta la fecha. Además, se han cerrado doce universidades y se han confiscado escuelas de congregaciones católicas.

La libertad de religión y credo también ha sido ampliamente vulnerada, con la Iglesia Católica como principal blanco de sanciones penales y administrativas arbitrarias, acoso y detenciones de sacerdotes y feligreses.

El Alto Comisionado expresó su alarma ante la continuación de prácticas de tortura y tratos crueles contra los detenidos y lamentó la expulsión de los organismos internacionales encargados de supervisar las condiciones de detención.

Además, Türk subrayó el éxodo de nicaragüenses que huyen de la persecución constante e impredecible, con aproximadamente 46.000 solicitantes de asilo en Costa Rica entre 2022 y 2023. También resaltó el aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes, que incluye asesinatos, ataques y saqueos.

Crímenes de lesa humanidad

Otro aspecto alarmante es el elevado número de matrimonios infantiles y embarazos adolescentes, agravado por la prohibición total del aborto en Nicaragua, lo que pone en peligro la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas.

Para concluir, el encargado de velar por los derechos humanos instó al gobierno nicaragüense a demostrar que está al servicio de su pueblo, abriendo espacios para la participación libre en la toma de decisiones. También llamó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y a la restitución de la nacionalidad a quienes se les ha arrebatado.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reiteró las conclusiones de su informe anterior, señalando que desde abril de 2018, el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y otros han estado cometiendo crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Este grupo también enfatizó la total impunidad que prevalece en el país y la utilización de todo el aparato del Estado para este fin.

En línea con el Alto Comisionado, el Grupo de Expertos hizo un llamado al gobierno para cooperar con los organismos internacionales y permitirles el acceso al país. También instó a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra instituciones y personas involucradas en la comisión de violaciones y crímenes internacionales en Nicaragua. La comunidad internacional está llamada a tomar medidas decisivas para poner fin a esta situación que amenaza los derechos fundamentales de los nicaragüenses. @mundiario