El Gobierno de Ortega usa el sistema judicial para acallar la disidencia
De acuerdo con la oficina de derechos humanos de la ONU, en una sola noche del mes de mayo, 55 personas fueron acusadas de conspiración para socavar la integridad nacional.
El Gobierno de Nicaragua continúa silenciando cualquier voz crítica o disidente en el país utilizando para ello el sistema judicial, así lo manifestó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Marta Hurtado, portavoz del organismo, explicó en rueda de prensa en Ginebra que sólo durante el mes de mayo recibieron informaciones de detenciones arbitrarias de 63 personas.
En una sola noche, 55 de ellas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional” y difusión de noticias falsas”, unos cargos que el régimen de Daniel Ortega utiliza para silenciar a sus críticos.
De acuerdo con Hurtado, durante sus audiencias bajo custodia, ninguno de los 55 acusados, entre los que habían defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica, pudo elegir a su abogado y, en su lugar, fueron representados por un defensor público que les fue impuesto.
Ataques contra la Iglesia católica
El Gobierno de Nicaragua acusa a la Iglesia de actuar como una organización criminal que apoya lo que califica de “terrorismo” y desestabilización del país. De hecho, congelaron las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis nicaragüenses por presunto blanqueo de dinero y arrestaron a cuatro sacerdotes.
“Esta semana, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua; y a tres más se les impidió salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la iglesia fueron arrestados y detenidos”, añadió Hurtado.
Por su parte, el obispo Rolando Álvarez, quien cumple una condena de 26 años por “atentar contra la integridad nacional” y “difundir noticias falsas”, se encuentra actualmente en “La Modelo”, una cárcel de Tipitapa, cerca de Managua, donde carece de las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y no se le permite recibir visitas desde el 25 de marzo. Una situación que violan las normas internacionales de derechos humanos.
Las medidas de Ortega
Entre el 9 y el 11 de mayo, el Tribunal Supremo dictaminó que 26 abogados y notarios críticos contra el gobierno, entre ellos algunos de los defensores de los derechos humanos más destacados del país, ya no podían ejercer su carrera en Nicaragua. Esta es una de las muchas medidas del régimen de Ortega, quien también despojó de su nacionalidad a otras 25 personas en febrero.
Desde finales de junio de 2022 se canceló la personalidad jurídica de más de 3.200 organizaciones, y algunos medios de comunicación se vieron obligados a cerrar.
Por esta razón, la vocera instó al Gobierno a abordar la crisis actual mediante el diálogo, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el Estado de Derecho.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente. La Oficina de Derechos Humanos está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país”, finalizó. @mundiario
