El régimen de Maduro afianza su poder y se abren nuevos escenarios para la crisis venezolana

En un país donde el día a día es prácticamente impredecible cuando se trata de la dinámica económica, social y política, se ha terminado de consolidar con mucha fuerza la expansión territorial de la élite comunista, financiera y militar que tiene el control de la nación más inestable de América. Contra cualquier llamado diplomático y estrategia de presión internacional, el régimen de Nicolás Maduro ha dado el golpe sobre la mesa para cerrar su ciclo de dominio totalitario sobre el Estado, pues se ha constituido como su estructura de monopolios para mantener el poder pese a la extrema crisis económica y social que sacude a Venezuela. 

Y es que en un clima de crispación, descontento social, fragmentación política y condena diplomática en todo Occidente, las elecciones legislativas de Venezuela, tildadas de ilegítimas y fraudulentas por más de 50 países, arrojaron este domingo 6 de diciembre un resultado que no sorprendió ni a propios ni a extraños; ni a los venezolanos ni a la comunidad internacional. 

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Los números no cuadran

Según los cuestionados y matemáticamente inconsistentes datos del Consejo Nacional Electoral, el chavismo supuestamente ganó el 67,6% de los escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento) con un total de 3.558.320 votos, mientras que los dos polos de la oposición moderada (aliada del chavismo por presuntos sobornos y canjes políticos) -conformada por los partidos Alianza Democrática y Alianza Primero Venezuela con DPA- sacaron 944.665 votos (17,95%) y 220.502 votos (4,19%), respectivamente. Y en última instancia, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), crítico del modelo socialista del chavismo por la crisis que ha provocado en el país, obtuvo 143.917 votos (2,73%).

Composición de la nueva Asamblea Nacional.

De esta forma, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) -el partido del régimen de Maduro- ha logrado hacerse con la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento nacional, lo que le permitirá al Gobierno (de facto) tener la cantidad de votos necesarios para aprobar leyes que consoliden la intervención y el control del régimen sobre la economía, las instituciones y el funcionamiento de la sociedad venezolana en medio de una crisis donde la mayoría de los dólares están en las manos del Estado, es decir, de la cúpula de poder de Maduro junto a su círculo de militares, empresarios y políticos, que lo sostienen en el mando de la nación por ese evidente tráfico de intereses. 

Pero, ¿cómo el CNE, controlado por la ideología y las finanzas del régimen de Maduro, logró mostrar al país y al mundo unos resultados que no son coherentes con la realidad de los venezolanos, cuya gran mayoría no fue a votar por el rechazo del 95% que existe a nivel nacional contra la permanencia del actual Gobierno?

Según la ONG Observatorio Contra el Fraude Electoral, solo el 16,1% de los venezolanos habilitados para votar acudieron a las urnas, mientras que más del 80% no participaron en estas ilegítimas elecciones parlamentarias.

Entonces, tomando en cuenta que Venezuela tiene 20 millones de personas legalmente aptas para ejercer su derecho al voto, el total de sufragios informados ayer por el CNE suma 4 millones 867.404, lo que representa el 25% del Registro Electoral, cuando en realidad solo el 16% votó, es decir, 3 millones 200.000 venezolanos. El CNE infló la cifra y artificialmente la subió de 3.200.000 a casi 5 millones de votos. Por lo tanto, agregó ilegalmente 9% más de sufragios que no existen.

Sin embargo, la autoridad electoral -presidida por Yndira Alfonzo, una ex juez del Tribunal Supremo de Justicia con ideología socialista y simpatizante de Maduro- aseguró que hubo una participación del 30%, cuando realmente se registró entre el 16% y 20%, pues el partido oficialista y el mismo Gobierno amenazó a muchos trabajadores públicos con no otorgarles sus beneficios alimentarios y despedirlos de sus empleos si no acudían a votar por el chavismo este 6 de diciembre, lo que movilizó a casi todo ese 20% (presunto 30%) que emitió su sufragio por obligación y no por la convicción política-democrática que sí hubo en las elecciones parlamentarias de 2015, ganadas de forma avasalladora por la oposición, que en este entonces era dirigida por el exlíder Jesús Torrealba junto al excandidato presidencial Henrique Capriles.

Los posibles escenarios en Venezuela para 2021

El principal escenario que se avizora en el complejo tablero político venezolano es el de la coexistencia de dos Asambleas Nacionales, es decir, dos Parlamentos; el controlado por el chavismo con el cual el régimen de Maduro tratará de aprobar mecanismos para conseguir más acceso al financiamiento internacional con Irán, China y Rusia para evadir las sanciones de Estados Unidos, aunque igualmente sería vetado de los dos mercados más importantes de la economía mundial en Occidente; EE UU y  la Unión Europea, que podrían seguir profundizando sus sanciones económicas al Gobierno de Maduro y a sus funcionarios de alto nivel responsables de la crisis nacional y de violaciones a los derechos humanos de miles de venezolanos disidentes del sistema comunista impuesto por el Ejecutivo chavista. 

Por otro lado, estará el Parlamento de mayoría opositora que nació en 2015, pero que desde ese entonces ha sido anulado por la vía jurídica con la influencia del régimen de Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia para bloquear toda ley que la Asamblea Nacional opositora intentó aprobar desde hace cinco años. Esa AN, actualmente presidida por Juan Guaidó -que le valió para proclamarse presidente interino de Venezuela y ser reconocido como tal por 55 países- buscará ser una plataforma democrática que proyecte la estrategia internacional de la oposición para negociar nuevas sanciones más precisas y quirúrgicas contra los mecanismos de financiamiento, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por monopolios que posee la cúpula de Maduro. 

La comunidad internacional, a excepción de China, Rusia e Irán, seguirán reconociendo ese Parlamento como el legítimamente constituido para aprobar leyes y capitales que necesita el país, aunque en la práctica, el control territorial del Parlamento dentro de Venezuela lo tendrá el chavismo. Esa compleja correlación de fuerzas podría llevar al régimen a radicalizarse aun más y tratar de apresar a los diputados opositores del Parlamento de Guaidó para obligarlos a salir del país, algo que le serviría al simbólico Gobierno interino del líder opositor para formar una especie de Parlamento venezolano extranjero que proyecte con más fuerza al mundo democrático la necesidad de deponer a la dictadura de Maduro, que tiene al país sumido en una crisis económica y social sin precedentes en su historia.  

Si esto ocurre, entonces, las sanciones podrían ser solo el preludio de una cruzada de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Colombia y Chile junto a otros aliados occidentales para llevar al régimen chavista y a la oposición de Guaidó a una nueva mesa de negociación, pero esta vez por una transición hacia nuevas elecciones presidenciales para formar un Consejo de Estado que mitigue la crisis y abra paso a un nuevo Gobierno democrático que alivie la asfixia económica del país.

Todo parece indicar que el posible, aunque impredecible, desenlace de la crisis venezolana tendrá su punto de quiebre con la presión que podría acelerar la Asamblea Nacional de Guaidó sobre este Parlamento ilegítimo que el chavismo se autoconcedió con el fraude electoral de este domingo. Cada vez es más evidente que la solución a la tragedia económica y social de Venezuela es absolutamente política. @mundiario