El expresidente Uribe cuestiona la investigación penal en su contra

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. / Twitter
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. / Twitter

El exmandatario y político más influyente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se enfrenta a un posible juicio por sobornos y fraude procesal.

El expresidente Uribe cuestiona la investigación penal en su contra

Después de que una jueza rechazara la decisión de la Fiscalía de archivar el caso penal contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, esta semana se está allanando el camino para que el político se enfrente a un posible juicio que lo encarcelaría por hasta ocho años, por los presuntos delitos de soborno y de fraude procesal.

El actual mentor del presidente conservador Iván Duque, entregó una declaración titulada Expropiaron mi reputación, en la cual cuestiona que el proceso en su contra no haya sido archivado por faltas de pruebas, sino que la jueza que instruye la causa considera que sí hay razones para creer que el acusado actuó contra la ley en una presunta manipulación de testigos, en medio de un proceso judicial que él mismo inició en 2014 contra un senador.

“(Hay) evidencias que acreditan que nunca ordené buscar testigos sino corroborar información que me llegaba. Que jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio (...) ni pasó por mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad. Que no es cierto que haya pretendido engañar a la justicia”, dijo Uribe en una declaración virtual desde su hacienda en el norte del país.

Niegan archivar la causa contra Uribe

El miércoles pasado, la jueza desestimó la petición de preclusión de la investigación por la Fiscalía General de la Nación hecha en marzo de 2021. Esta decisión de primera instancia puede ser apelada por el equipo defensor del también exsenador en el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la última palabra. Uribe, quien gobernó Colombia desde 2002 hasta el 2010, podría ir a juicio si el tribunal considera que existe una “hipótesis probable” de que el exmandatario hubiera manipulado testigos.

El expresidente fue puesto bajo arresto domiciliario en 2020 por los cargos que se le imputan actualmente, renunció a su cargo de senador, perdió su condición de aforado y fue puesto bajo libertad. Se trata del hombre fuerte de la política colombiana, que gobernó con puño de hierro contra las guerrillas de izquierda que originaron el conflicto armado en el país. Aunque mermó considerablemente la violencia, sus métodos han sido cuestionados por sus detractores.  

Uribe refutó uno a uno los argumentos de la jueza y dijo que no ha “sido estafador como lo quiere hacer pensar la carga ideológica” de su contraparte, la izquierda. “En medio de las dificultades seguiré con el escrito de mi versión sobre este proceso que ha contribuido a expropiar mi reputación injustamente”, concluyó el expresidente.

¿De qué se le acusa a Uribe?

En 2014, durante uno de los debates en sesión plenaria en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó abiertamente a Uribe de mantener lazos con grupos paramilitares y narcotraficantes, usando presuntos testimonios de antiguos paramilitares, por lo que el entonces legislador contraatacó con una demanda ante el Supremo colombiano. Cepeda señaló a Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, al Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que combatió contra los guerrilleros durante el conflicto armado, de manera sanguinaria, provocando miles de muertes de civiles en el proceso.

 La Corte Suprema de Justicia recibió entonces la tutela de Uribe, que acusó a Cepeda de ir a las prisiones e interrogar a los paramilitares condenados para que sirvieran como falsos testigos en su contra. El Supremo siguió las pesquisas durante años, hasta que en 2018 desechó las acusaciones contra Cepeda y abrió una causa contra Uribe, por presunta manipulación de testigos.

El caso cuenta con 42 testigos, entre los cuales Juan Guillermo Monsalve es clave. Monsalve es un antiguo miembro del Bloque Metro, y testificó que, en una hacienda en Antioquia, propiedad de Uribe, se planificaron las matanzas que posteriormente ejecutaron los grupos paramilitares. Sin embargo, en una carta enviada posteriormente, Monsalve se retractó y aseguró que declaró “bajo presión”.

Varios testigos del caso, incluido Monsalve, declararon que Diego Cadena, abogado el expresidente, les presionó o sobornó a cambio de modificar sus testimonios. El propio Cadena reconoció que ha entregado ciertas sumas de dinero a los testigos, pero alegó que las transacciones eran netamente “ayuda humanitaria”. @mundiario

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