Conflicto armado: la extinta guerrilla colombiana reconoce sus crímenes

Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', y líderes de las FARC-EP. / @JEP_Colombia
Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', y líderes de las FARC-EP. / @JEP_Colombia

El último jefe de las FARC reconoce su responsabilidad en el secuestro, desaparición y asesinato de miles de civiles, policías y militares colombianos.

Conflicto armado: la extinta guerrilla colombiana reconoce sus crímenes

Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, el último comandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ha reconocido públicamente su responsabilidad en los actos de secuestro, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad ejecutados por este grupo guerrillero durante su periodo al mando en medio del conflicto armado en Colombia.

Así lo ha asegurado en una audiencia pública en Bogotá, convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un organismo creado tras el Acuerdo de Paz firmado entre este grupo subversivo y el Gobierno colombiano, en 2016, cuyo papel principal es destapar la verdad y establecer responsabilidades por los atroces hechos cometidos en la guerra contra los grupos irregulares en Colombia.

“Estamos ante ustedes reconociendo que, a nombre de ideas revolucionarias, cometimos estos crímenes de lesa humanidad”, señaló Londoño, presidente del partido Comunes, el remanente político de las desmovilizadas FARC en medio de una transmisión en vivo recogida por medios colombianos.

Durante su breve intervención, Londoño ha reconocido que sus militantes y los miembros de su grupo tuvieron una “ceguera política” y la “insensibilidad humana” para secuestrar y cometer estos delitos hacia la sociedad colombiana. La finalidad de esta audiencia fue reconocer el contenido del llamado “Caso 01”, que investiga la toma de más de 20 mil rehenes incluyendo 400 agentes de la Fuerza Pública.

Londoño califica el secuestro como un crimen “abominable”

‘Timochenko’ reconoció que miles de crímenes se produjeron bajo sus órdenes, cuando los comandantes de las FARC, incluso antes de su ascenso al mayor cargo de la guerrilla, promovieron los secuestros como una táctica de disuasión contra el Gobierno colombiano, para ejercer presión y conseguir la libertad de los guerrilleros capturados y encarcelados en el país.

Las investigaciones que maneja la JEP indican que los secuestros fueron practicados contra personas de todos los estratos sociales, sin distinción entre departamentos o ciudades, género, edades o vulnerabilidades en concreto.

Además, Londoño ha reconocido que el daño ocasionado no se limitó a los privados de libertad por años, sino que la condición de víctimas se extendió a todos los miembros de las familias, por lo que catalogó el secuestro como una “práctica abominable”.

“Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa máxima dirección a reconocer la ejecución de la política de secuestro, reconocimiento de crímenes de guerra y lesa humanidad de carácter no amnistiables”, ha asegurado Londoño tras admitir que, en 2011, año en el cual es designado como jefe del Estado Mayor de la guerrilla, ya la dirección había decidido abandonar la práctica de la toma de rehenes.

El Caso 01 de la JEP

"El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro", ha dicho la magistrada Julieta Lemaitre.

La JEP abrió el Caso 01 en julio de 2018, y hasta la fecha ha logrado recolectar los nombres y datos de 21.396 víctimas de privación de libertad de este grupo subversivo. En esta causa han sido imputados los siete cabecillas de la última edición de las FARC, aparte de Londoño figuran Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Los involucrados serán acusados por las violaciones a los derechos humanos de los miles de colombianos retenidos, forzados a vivir en las selvas de Colombia en condiciones infrahumanas principalmente entre 1993 y 2012. A los futuros imputados les adjudicarán cargos por las órdenes que derivaron en delitos de lesa humanidad, privaciones graves de libertad, crímenes de guerra la toma de rehenes, así como las desapariciones forzadas y los asesinatos en los que muchos secuestros terminaron.

Asimismo, se les imputarán cargos relacionados con todo lo que vivieron algunas de las víctimas bajo el control de los subalternos, como tratos crueles, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado o esclavitud.

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