Un testimonio clave desmonta la tesis del “apagón informativo” en la tragedia de la dana
La investigación judicial sobre la devastadora dana que golpeó Valencia el 29 de octubre de 2024 dio este lunes un vuelco decisivo. Ante la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, un supervisor del servicio de emergencias 112 expuso un relato que cuestiona de lleno la versión defendida durante un año por el Consell y el Partido Popular: la supuesta existencia de un “apagón informativo” por parte de organismos estatales que habría impedido anticipar la magnitud del temporal.
El testigo, Néstor García, explicó que el volumen y contenido de las llamadas que recibió la centralita —más de 20.000 en apenas unas horas— permitieron a los responsables autonómicos tener un pulso preciso de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno. Y, según detalló, tanto la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, como su número dos durante la emergencia, Emilio Argüeso, fueron informados del riesgo inminente del barranco del Poyo poco después de las 13:00 horas, tras una visita al edificio de emergencias de L’Eliana.
García también señaló al subdirector autonómico de Emergencias, Jorge Suárez, como otro de los altos cargos que conoció la peligrosidad de la situación a esa misma hora. Su testimonio refuerza la idea de que la Generalitat disponía de señales claras antes de que la tromba alcanzara su punto más crítico.
Sus afirmaciones coinciden con nuevos vídeos entregados a la causa: grabaciones realizadas por el propio personal de Emergencias en el centro del 112. En ellas puede verse a trabajadores de Ilunion, la empresa responsable de la centralita, explicando desde primera hora de la mañana los problemas generados por la lluvia. En uno de los metrajes, Pradas menciona directamente el barranco del Poyo tras recibir información sobre alertas hidrológicas en esa rambla y en el río Magro.
El supervisor añadió un elemento especialmente relevante: ya durante la mañana comenzaron a registrarse peticiones de rescate en zonas donde no estaba lloviendo, como Aldaia o Quart de Poblet, un indicio claro de que la situación era anómala y de que el agua estaba avanzando con rapidez hacia áreas no afectadas por precipitaciones.
A partir de las 16:40, el 112 empezó a recibir decenas de llamadas de municipios como Chiva y Cheste, en la cabecera del barranco del Poyo, donde la crecida se volvió crítica. Sin embargo, la Generalitat no ordenó el envío del mensaje masivo de alerta a los teléfonos móviles —el sistema Es Alert— hasta las 20:11 horas. Para entonces, según ha apuntado la propia jueza, la mayoría de las víctimas ya había fallecido. De haberse enviado antes, sostiene la magistrada, podrían haberse salvado vidas.
Ese retraso en la activación del aviso se ha convertido en el eje de una instrucción que ya acumula más de cuarenta tomos. La comparecencia de García añade presión a los responsables políticos de la gestión de la emergencia, al dibujar un escenario en el que la información crítica sí existía, pero no se tradujo en una respuesta eficaz a tiempo.
La magistrada Ruiz Tobarra continúa desgranando indicios para determinar si hubo negligencia en la toma de decisiones. Y, tras el testimonio de este lunes, la investigación se adentra en una fase aún más comprometida para quienes dirigieron la gestión de la mayor tragedia natural reciente en la Comunitat Valenciana. @mundiario
