¿Solo el dinero impide tratar a todos los enfermos de hepatitis C en España?

Hay un colectivo de enfermos que si no son tratados evolucionarán a cirrosis o cáncer de hígado, ambas mortales, y seguirán siendo portadores y potenciales transmisores del virus.

Hay una ceguera política que está llevando a que los nuevos y eficacez tratamientos contra la hepatitis C se apliquen solo a los que han llegado a una situación extrema por haber sido transplantados, estar en lista de espera para el transplante o haber desarrollado una cirrosis descomoensada. Todos los demás, los que no han llegado a esa situación, deberán esperar tiempos mejores. La decisión resulta incomprensible porque un transplante es mucho más caro que el tratamiento, el tratar a un enfermo avanzado también, y por supuesto, el aplicar la curación a todos erradicando la enfermedad evitaría nuevos contagios y un altísimo coste.

Rajoy afirma ahora, presionado por los colectivos de afectados y toda la oposición, que nadie se quedará sin tratamiento si lo receta un médico, pero nadie ha creído que eso implique el tratamiento generalizado porque sabido es que los médicos prescriben tratamientos conforme a un protocolo y ese protocolo no comprende la aplicación de los fármacos a "todos". Mas allá llega el Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, al afirmar que están elaborando una estrategia global y que los nuevos fármacos ya se están recetando y recibiendo. Quizás pretendan hacernos creer que los enfermos encerrados en los hospitales y las manifestaciones, incluso muriendo alguno de ellos, es un capricho para acompañar a las medicinas que supuestamente reciben.

Conviene entender que los laboratorios que descubrieron el tratamiento ya han vendido la patente a Gilead, la misma multinacional que comercializa los tratamiento del sida y la gripe aviar, y que esta participada por fondos de inversión que actúan como buitres con beneficios esperados del 457%, lo que ya ha supuesto una subida en Bolsa del 185%. Para el ciudadano, que se pretenda cobrar 60.000 $ por algo que cuesta 100, es un acto de terrorismo, y difícil de justificar cuando los directivos son o fueron altos cargos de la Administración Norteamericana, secretarios de estado, etc. Son muchas las cosas que no se entienden y de hecho Médicos sin Fronteras ha impugnado la patente argumentando que el tratamiento no debería de costar más de 500$. Parece grande la diferencia respecto a lo que nos cobran pero no lo es tanto si vemos que los países que negaron la patente, como la India, compra el producto por 750$, y Egipto aún  menos porque además de negar la patente por ser simplemente un derivado de otro, amenazó con fabricar un genérico.

Dentro de en extraño manejo de esta situación tampoco es fácil de entender que Francia quisiera unidad para tratar este tema y España haya preferido negociarlo en solitario. En cualquier caso el Gobierno tiene la batalla perdida porque el colectivo de enfermos, la sociedad y toda la oposición  acabarán ganando esta guerra, especialmente porque muchos luchan por su vida pero también porque el presupuesto del que se habla no es grande comparado con el de las obras faraónicas innecesarias, con el coste de las cuestionadas Diputaciones, del dimensionamiento del Senado, o unos pocos kilómetros de AVE. 

Lo más duro para el PP es si pierde la iniciativa y es la oposición quien acaba ganando los recursos, o si Pablo Iglesias con Podemos consigue que Bruselas declare ilegal negar las medicinas a todos los enfermos. Una ocasión perdida por Rajoy para que su declaración del fin de la crisis sea creíble.