Mónica Oltra: radiografía de un supuesto plan para ocultar un caso de abuso sexual
Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, será investigada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por su supuesta actuación en un caso de abuso sexual a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, en diciembre de 2019.
El tribunal superior ha imputado este jueves a la líder de Compromís, que dirige la consejería de Políticas Inclusivas de la que dependen los centros de menores, tras valorar la exposición del juez instructor de la causa y concluir que existe “una serie de indicios plurales” que “hacen sospechar la posible existencia de un concierto” entre Oltra y varios funcionarios para “proteger a su entonces pareja” o bien proteger su carrera política.
¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Veamos las claves:
El caso de Luis Eduardo Ramírez
La causa judicial de Mónica Oltra tiene su origen en el caso de Luis Eduardo Ramírez: un educador de un centro público de acogida que fue condenado a cinco años de prisión en 2019 por abusar de una menor de 16 años que estaba bajo su tutela. Era el marido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
La sentencia con la que fue condenado el hombre detalla que “entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo”. El dictamen añade que el condenado masajeaba a la chica “en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación”.
La víctima habló por primera vez sobre la situación que estaba viviendo el 13 de febrero de 2017 (se lo contó a una educadora social del centro y después a otro técnico). La directora de la instalación elaboró un informe que se envió a una trabajadora de la Dirección Territorial de la Consellería de Igualdad. Pero nadie denunció nada.
Todo cambió cuatro meses después, en junio de ese mismo año, cuando la menor informó de los abusos a dos policías que se personaron en el centro de menores por otro asunto totalmente ajeno. “Es un tal Luis, del cual no quiere decir más y del que le cuesta hablar por el temor que le suscita, ya que tiene un familiar que es un cargo importante dentro de una Consellería”, reportaron entonces los agentes a su jefe, que fue quien dio el aviso al ministerio público. El escándalo estalló en ese momento.
Ramírez fue juzgado y condenado a cinco años de prisión por los hechos en noviembre de 2019, pero la sentencia fue anulada en junio de 2020: el TSJCV ordenó repetir la vista porque el tribunal debía revisar dos informes que “ponían en duda la credibilidad de la denunciante”. El dictamen finalmente fue confirmado en septiembre de 2021, cuando la justicia consideró probado que la joven había sido víctima de abusos por parte de Luis Eduardo Ramírez. Al día de hoy, la sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor inició un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección.
Imputación a Mónica Oltra
En abril, un juez dictó un auto acompañado de una exposición razonada de 71 páginas en el que reclamaba al Tribunal Superior de Justicia que citara a Mónica Oltra (aforada) en calidad de investigada, ya que existían “indicios serios, racionales, sólidos y fundados” de que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana intentó obstaculizar la investigación sobre su expareja.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido imputar a Oltra este jueves al valorar el relato del instructor de la causa y el duro escrito que presentó la Fiscalía el 1 de junio. El auto indica que la investigación del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia recoge “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…), o bien proteger la carrera política de la aforada”. Por esto la cita a declarar el 6 de julio.
El @TSJCV abre una investigación a la vicepresidenta
— TSJCV (@TSJCV) June 16, 2022
del Consell por la gestión del caso de abusos a una
menor tutelada y la cita a declarar el 6 de julio pic.twitter.com/VviQv8bvLC
Desacreditar a la menor
En su escrito, la Fiscalía asegura que existen “indicios” de “bastante intensidad” para creer que la consejería, de la que es titular Oltra, mostró una “escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos”.
“Tenemos una actuación incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos. La Generalitat tiene la tutela de la menor, le comunica que está sufriendo unos abusos sexuales y, no solo no se denuncian los hechos, sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, la Fiscalía de Menores o la Justicia”, sostiene el ministerio público.
Pero también apuntan a una trama para intentar desacreditar a la menor que denunciaba al exmarido de Oltra. De acuerdo con la investigación, la política se enteró del caso el 4 de agosto, el mismo día que Ramírez recibió la primera notificación del juez. Algo que la propia Oltra reconoció en las Cortes Valencianas.
El ministerio público denuncia que a partir de ese momento, Igualdad puso en marcha un expediente “para desacreditar a la menor y exculpar a la Consellería, beneficiando de esta manera al autor material de los hechos y a Oltra”. A la vicepresidenta autonómica se le atribuye una orden “verbal” para proceder de esta forma.
La “finalidad” de los trámites que llevó a cabo la consejería una vez conoció el caso de abusos, expone el tribunal, no fue “constatar la veracidad de los hechos”, sino “desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio”, insiste la Fiscalía, que concluye que la investigación “sesgada”, añadió un informe psicológico que concluía que las manifestaciones de la joven eran “poco creíbles”. “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, reconoce el ministerio público, que a su vez considera que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.
Por todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido abrir diligencias “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.
¿Y ahora qué?
La Sala ha asumido la causa en su integridad, lo que implica también a otros 13 investigados, entre ellos altos cargos de la consejería y trabajadores del centro de menores donde se dieron los abusos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”.
La oposición se ha lanzado a exigir la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, pero Mónica Oltra ha sido tajante: “No voy a dimitir”. El presidente Ximo Puig se ha pronunciado este mismo jueves en un acto público en el que ha manifestado su “respeto a la justicia y sus procedimientos ahora y siempre”, y ha descartado que la situación de su número dos pueda afectar la estabilidad del Gobierno valenciano.
"Reafirmamos nuestro apoyo incondicional a su trabajo al de todo el equipo de la Conselleria", ha dicho la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, tras el anuncio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. "No vamos a permitir que una querella iniciada desde la extrema derecha nos impida continuar trabajando para mejorar la vida de la gente". @mundiario
