El Gobierno de Ayuso retrasa la aprobación del nuevo manual de eutanasia

El engranaje institucional estaba listo para girar. Tras un arduo trabajo técnico entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia iba a recibir este jueves el visto bueno definitivo. Sin embargo, en el último momento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso activó el freno. La Comunidad de Madrid pidió aplazar la votación, descolocando un consenso que parecía cerrado y dejando en suspenso una reforma que busca, sobre todo, acelerar el acceso de los pacientes más graves a la prestación.

El gesto no es menor. En un país donde un tercio de las personas que solicitan la eutanasia fallecen antes de recibirla, cada día cuenta. La decisión madrileña introduce una pausa en un proceso que pretendía precisamente lo contrario: recortar tiempos, eliminar trabas y humanizar un procedimiento que, en demasiadas ocasiones, llega tarde. De acuerdo con EL PAÍS, la titular de Sanidad, Mónica García, ha optado por rebajar la tensión y asumir el aplazamiento como un ejercicio de “consenso”. Pero el movimiento abre una grieta política y ética difícil de ignorar.

La justificación oficial de Madrid apela a la necesidad de “enriquecer el texto” con aportaciones de sociedades científicas y colegios profesionales. Una petición que, en apariencia, suena razonable, pero que en la práctica retrasa la implantación de medidas diseñadas para evitar sufrimiento evitable. La pregunta que queda flotando es si se trata de una mejora técnica o de una maniobra política en un terreno especialmente sensible.

Mientras tanto, el manual sigue en pausa. Y con él, la posibilidad de que pacientes en situaciones límite puedan acortar los plazos entre solicitudes, uno de los principales cuellos de botella del sistema actual. La ley de eutanasia, vigente desde 2021, estableció garantías estrictas —doble evaluación médica y supervisión de comités—, pero también dejó espacio a una burocracia que, en algunos casos, se convierte en un laberinto.

La urgencia de morir sin esperar

El núcleo de la reforma bloqueada es claro: permitir que los casos más urgentes se tramiten por vía rápida. El nuevo manual contempla reducir al mínimo el plazo obligatorio de 15 días entre solicitudes cuando exista un riesgo inminente para la vida o para las capacidades del paciente. No se eliminan garantías, pero se flexibilizan tiempos.

En términos prácticos, esto significa que una persona en situación crítica no tendría que atravesar un calendario rígido que, en ocasiones, se convierte en una carrera contra la muerte. La propuesta intenta corregir una paradoja dolorosa: que el sistema diseñado para garantizar el derecho a morir dignamente termine impidiéndolo por exceso de trámites.

El papel clave de la enfermería

Otro de los cambios relevantes es el refuerzo del papel de la enfermería. El nuevo modelo propone que estos profesionales se conviertan en figuras de referencia durante todo el proceso: acompañamiento, información, preparación del entorno y apoyo a familiares.

Este enfoque no es solo organizativo, sino también simbólico. Supone desplazar el centro de gravedad desde un modelo exclusivamente médico hacia uno más integral, donde el cuidado —en su dimensión más amplia— cobra protagonismo. En un proceso tan íntimo como la eutanasia, ese matiz puede marcar la diferencia.

Desigualdad territorial: una brecha incómoda

Uno de los aspectos más incómodos que el manual intenta abordar es la inequidad entre comunidades. Los datos oficiales revelan diferencias de hasta 20 veces en la práctica de la eutanasia entre territorios sin una explicación demográfica clara.

Esta disparidad convierte el derecho en una lotería geográfica. Dependiendo del lugar de residencia, el acceso puede ser ágil o prácticamente inaccesible. El nuevo texto propone crear unidades administrativas de apoyo para homogeneizar procedimientos y facilitar información, pero su aprobación queda ahora en el aire.

Más tiempo, más decisiones

El documento también introduce cambios en los tiempos una vez reconocido el derecho. Amplía hasta seis meses la posibilidad de aplazar la prestación y contempla suspensiones temporales por circunstancias excepcionales.

Estas medidas buscan adaptar el proceso a la complejidad emocional de los pacientes. La eutanasia no es una decisión lineal, y el sistema empieza a reconocer esa realidad. También se incorpora, por primera vez, un protocolo específico para la donación de órganos, abriendo una puerta a que el final de una vida pueda traducirse en nuevas oportunidades para otros.

Paliativos y eutanasia: dos caras del mismo debate

La misma reunión en la que se aplazó el manual sí dio luz verde a la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030. Un documento que amplía el enfoque tradicional y sitúa el sufrimiento —no solo el pronóstico— como criterio central.

Ambas políticas, lejos de ser opuestas, forman parte de un mismo debate: cómo garantizar una muerte digna. Mientras los paliativos buscan aliviar el dolor, la eutanasia ofrece una salida cuando ese alivio no es suficiente o no es deseado.

El retraso del manual no detiene ese debate, pero sí pospone decisiones concretas que afectan a personas reales, en situaciones límite. En ese espacio entre la norma y la urgencia, entre la política y el sufrimiento, se juega algo más que un protocolo: se define cómo una sociedad acompaña a quienes están en el final del camino. @mundiario