Se entrega el cirujano acusado del homicidio imprudente de Sara Gómez

Mazo de un juez. / Pixabay
Mazo de un juez. / Pixabay

El médico acusado de haber acabado con la vida de una paciente durante una lipoescultura, se entregó esta mañana en Cartagena, Región de Murcia.

Se entrega el cirujano acusado del homicidio imprudente de Sara Gómez

Un día después de que una orden de captura fuese solicitada en su contra al no presentarse en tribunales, el médico que practicó la lipoescultura de Sara Gómez se ha entregado esta mañana alrededor de las 10: 00 a.m. y se ha presentado frente a la jueza.

El abogado defensor, Pablo Martínez, alegó que el investigado “no tenía constancia judicial” de presentarse el martes a declarar. La titular del caso le ha prohibido salir del país y le ha retenido el pasaporte.

Aunque la familia de la víctima ha solicitado en la denuncia que también se le aparte de la profesión, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia informaron en un auto, que la suspensión de la profesión sólo está contemplada como “una pena tras una condena”, y no como medida cautelar.

La jueza titular del juzgado de instrucción número 2 de Cartagena, ha ordenado la búsqueda y captura del cirujano investigado de homicidio imprudente y denunciado por la familia de la víctima, Sara Gómez, de 39 años, quien pasó un mes entero en la unidad de cuidados intensivos (UCI) después al sufrir cerca de 37 perforaciones en órganos vitales.

El cirujano, quien debía acudir a los juzgados en calidad de investigado a una vista de las partes, nunca se presentó. Por ello, la titular exigió su captura y disposición a comparecer en tribunales “para valorar si ha intentado eludir la acción de la Justicia”, al no contar con “el convencimiento fundado” de que el solicitado se presente en la sede judicial en algún momento del proceso.

Gómez, madre de dos menores, se sometió a una cirugía estética a principios del pasado diciembre, en una clínica privada de Cartagena. Aproximadamente cinco horas después de la intervención, se le comunicó a la familia que la cirugía “fue bien”, pero que había perdido mucha sangre. Posteriormente, se informó que estaban estabilizándola.

Más tarde, la familia conoció que Sara habría sufrido múltiples perforaciones y lesiones en el riñón, el hígado, el duodeno, el colon y el intestino, que la mantuvieron todo el mes de diciembre en UCI del hospital público Santa Lucía, también en Cartagena. Entró de emergencia debido a un shock hipovolémico, que se produce cuando el cuerpo pierde una considerable cantidad de sangre.

La asociación Defensor del Paciente, representantes de la familia de Sara, había pedido medidas cautelares “con carácter urgente” contra el cirujano. Entre ellas, que se le apartara de la profesión y la confiscación de su pasaporte chileno, para evitar que deje la Península.

Ciudadanos encaran al Gobierno

Respecto a la muerte de Gómez, Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad del partido de centro Ciudadanos (Cs), hace eco de las denuncias de la familia y de usuarios en redes sociales, después de conocerse que el médico no estaba debidamente facultado para proceder a la intervención quirúrgica.

En este sentido, la formación naranja replica un pronunciamiento de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), en el que se afirma que el médico no cuenta con “la formación, titulación y especialidad necesarias para realizar este tipo de intervenciones”.

La organización también alertó de que, en los últimos meses, cada vez más profesionales sin la capacitación requerida ofrecen estos servicios. El cirujano del caso de Sara, por ejemplo, era cardiólogo, y hace apenas pocos meses obtuvo su maestría en Medicina Estética y Antienvejecimiento en la Universidad Complutense de Madrid.

Pero Cs pide al Gobierno que se deben revisar las titulaciones de posgrado de esta disciplina pues, en España, ser egresado no habilita la práctica de intervenciones quirúrgicas invasivas, se necesita tramitar otros requisitos.

Además, Díaz cuestionó los canales de información que utiliza el Gobierno para informar, tanto a los pacientes como a los médicos “de los riesgos de someterse a procedimientos de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, sin garantía de que el profesional responsable cuenta con la formación y especialidad necesarias”.

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