El derrumbe de las peticiones de asilo en España y sus efectos invisibles en miles de migrantes
Por primera vez desde la pandemia, las solicitudes de asilo en España han caído. El descenso global es del 13%, pero en el caso de colombianos y peruanos se desploma hasta un 60%. Detrás de esa caída está el nuevo reglamento de extranjería, que elimina la posibilidad de que el tiempo de espera en una solicitud denegada compute como arraigo. Antes, esas largas esperas —a veces de hasta dos años— podían servir para lograr una residencia estable. Ahora, una denegación supone volver a la irregularidad, aunque se tenga empleo o una vida ya asentada.
Lo que el Gobierno presentó como una herramienta para agilizar y ordenar el sistema se ha convertido, en la práctica, en un freno a la regularización de miles de personas. No se trata de un matiz burocrático. Significa que alguien que ha pasado dos años trabajando y pagando impuestos puede quedar de un día para otro en situación irregular, sin derechos y con miedo constante a ser expulsado.
El espejismo del control y el coste social
La lógica oficial es clara: evitar el “uso fraudulento” del asilo como vía para obtener papeles. Sin embargo, la norma se aplica de manera indiscriminada y termina castigando a quienes pedían protección legítima o simplemente buscaban sobrevivir en un marco legal. Los expertos coinciden en que existían mecanismos para filtrar las solicitudes no fundadas sin necesidad de endurecer las condiciones para todo el mundo.
El resultado es que se está alimentando un círculo perverso. Muchos migrantes dejan de solicitar asilo porque saben que, si la respuesta es negativa, quedarán atrapados en la irregularidad. Pero eso no implica que dejen de llegar. Lo que cambia es que lo hacen sin papeles, lo que multiplica la vulnerabilidad frente a la explotación laboral, el acceso precario a la sanidad o la imposibilidad de integrarse de forma plena en la sociedad.
Este retroceso no afecta solo a los migrantes. También impacta en la cohesión social. Un país que mantiene a cientos de miles de personas en un limbo legal se expone a crear guetos de exclusión y a desaprovechar la fuerza laboral y el talento de quienes ya están aquí. La irregularidad nunca es una solución, ni para quienes la sufren ni para la comunidad que se cierra en torno a ellos.
El reto de un sistema de asilo que agoniza
España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes de asilo, solo detrás de Francia. A pesar de la caída, se han presentado casi 100.000 peticiones en lo que va de año. El sistema lleva tiempo al borde del colapso: plazos de respuesta que superan con creces lo que establece la ley, falta de personal y miles de expedientes acumulados.
El caso de los venezolanos es revelador. Mientras que las solicitudes de colombianos y peruanos caen, las de venezolanos se disparan, ya que España les otorga protección humanitaria de manera casi automática. Es una prueba de que, cuando existe voluntad política, se pueden dar respuestas ágiles y realistas. ¿Por qué no aplicar ese mismo enfoque a otras nacionalidades que también huyen de contextos de violencia, desigualdad o persecución encubierta?
El debate no puede quedarse en si alguien “abusa” o no del sistema. La verdadera pregunta es cómo construir un marco migratorio justo y eficiente, que no obligue a miles de personas a vivir en la sombra ni convierta el asilo en una ruleta. España no puede seguir atrapada entre el miedo a la saturación y la tentación de la exclusión. El futuro pasa por reforzar recursos, agilizar trámites y ofrecer vías legales de migración que respondan a la realidad de quienes llegan. Porque, en última instancia, hablamos de derechos humanos y de la sociedad que queremos construir. @mundiario
