Kilmar Abrego García busca asilo en EE UU: ¿la luz al final de un enredado proceso judicial?

Un recurso le ha permitido frenar su deportación inmediata y quedarse hasta octubre, mientras intenta abrir una vía legal para permanecer en el país junto a su familia.
Una policía vigilando a un grupo de inmigrantes. / RR SS.
Una policía vigilando a un grupo de inmigrantes. / Archivo.

El caso de Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño de 30 años, se ha convertido en uno de los más emblemáticos en torno a la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump. Tras múltiples detenciones, deportaciones irregulares y acusaciones controvertidas, Abrego busca ahora obtener asilo en Estados Unidos, una estrategia que, de prosperar, le permitiría acceder a una residencia legal y eventualmente a la ciudadanía.

La situación de Abrego García está marcada por una intensa batalla legal. Su equipo de abogados interpuso recientemente un recurso de habeas corpus que frenó de manera temporal cualquier intento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de deportarlo. Este recurso, aceptado por la jueza federal Paula Xinis, garantiza que no podrá ser trasladado fuera de Maryland ni expulsado antes de la vista judicial fijada para octubre, donde se escucharán los testimonios relevantes sobre su caso.

El habeas corpus es fundamental en este proceso, ya que asegura que el salvadoreño pueda defenderse en tribunales estadounidenses antes de cualquier deportación definitiva. En este punto radica la diferencia con otros casos migratorios: no se trata de decidir si se le concede o no asilo, sino de garantizar que cuente con un procedimiento justo y acceso al debido proceso. La jueza Xinis ha sido clara en señalar que no tiene competencia para otorgar asilo, pero sí para velar por que el solicitante reciba todas las garantías procesales.

Su equipo legal ha presentado una nueva solicitud de asilo, la segunda tras un intento fallido en 2019. Este recurso pretende demostrar que enfrentaría riesgos graves si fuera enviado a El Salvador o a Uganda, país al que las autoridades estadounidenses han planteado su posible traslado. Según sus abogados, Abrego teme persecución y tortura en el país africano, donde no tiene vínculos ni protección. Como alternativa, ha manifestado que aceptaría ser enviado a Costa Rica, tal como le había ofrecido la Fiscalía anteriormente.

El contexto de este caso es complejo. En marzo, Ábrego fue deportado por error a El Salvador, a pesar de contar con una orden judicial que lo impedía, y terminó recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad para pandilleros. El gobierno estadounidense sostiene que es miembro de la MS-13, acusación que él rechaza categóricamente y que sus abogados califican como un intento de justificar su deportación. Posteriormente, también enfrentó cargos por tráfico de personas en Tennessee, de los que igualmente se ha declarado inocente.

A diferencia de muchos migrantes en situación de riesgo, el trabajador del metal cuenta con un equipo legal sólido, el respaldo de su familia —su esposa e hijos que son ciudadanos estadounidenses— y la supervisión de un tribunal federal dispuesto a asegurar que se respeten sus derechos procesales. Este conjunto de factores le otorga margen para defender su permanencia en Estados Unidos, al menos de manera temporal.

Si se aprueba su solicitud de asilo, Abrego García no solo evitaría una deportación que podría poner en riesgo su seguridad personal, sino que también obtendría una vía hacia la regularización y, eventualmente, la ciudadanía. Sin embargo, el camino es incierto. Los tribunales de inmigración, dependientes del Departamento de Justicia y no del Poder Judicial independiente, han sido objeto de cambios y restricciones bajo la actual Administración republicana, lo que añade un nivel de dificultad adicional a su caso.

El proceso del joven salvadoreño no solo refleja el laberinto legal que enfrentan muchos migrantes en Estados Unidos, sino que también plantea interrogantes sobre el alcance de las políticas migratorias y el equilibrio entre control fronterizo, derechos humanos y debido proceso. La vista de octubre será clave: marcará el rumbo de un caso que, por sus características, se ha convertido en un símbolo de la pugna entre las medidas del Gobierno de Trump y las garantías constitucionales de los migrantes.@mundiario

Comentarios