1º Mayo: buen día para recordar la pobreza y la discriminada educación pública

Manifestación del Primero de Mayo. / UGT

La coyuntura preelectoral ha vuelto a primer plano a los más débiles, centro de  “la cuestión social” y de los más frágiles modos de la educación, destaca este especialista.

1º Mayo: buen día para recordar la pobreza y la discriminada educación pública

La coyuntura preelectoral ha vuelto a primer plano a los más débiles, centro de  “la cuestión social” y de los más frágiles modos de la educación, destaca este especialista.

 

Contaba el sociólogo Robert Castell que la pobreza es el mejor indicador para calibrar la calidad de la acción social y política. En el transcurso del tiempo ella había ido modulando sus caras, metamorfoseando su estilo (La metamorfosis de la cuestión social, 1995). Antes de 1945, no existía en Europa el Estado de Bienestar, y antes de los años 80 del XIX, tampoco el Estado Social se había generalizado todavía. Lo que había anteriormente frente a la escasez y la miseria eran actuaciones puntuales de Caridad que, a partir del XVIII, tendieron a ser sustituidas por la Beneficencia, pero que no eran universales y tenían múltiples carencias de todo tipo, como recordó Concepción Arenal Ponte en 1861, en su Memoria sobre la Beneficencia, la Filantropía y la Caridad y, de algún modo, volvería a recordar en sus manuales de Visitador del pobre (1863) y Visitador del preso (1894). En España, esta secuencia de maneras de atención a los débiles de la sociedad –particularmente en lo que atañe a la transición de un Estado que respaldara legalmente prestaciones organizadas de políticas sociales- tuvo desarrollo más tardío y de menor intensidad, razón por la que suele ser habitual hablar de “medio Estado de Bienestar”, situación que, con las sucesivas crisis que desde finales de los ochenta han sobrevenido, se ha ido desvirtuando  y generando que, en muchos ámbitos de atención a situaciones de pobreza y exclusión estemos regresando rápidamente a la Caridad y a la Filantropía más o menos solidaria y voluntarista, mientras el Estado va desapareciendo como garante de los servicios y derechos que los ciudadanos tenían. Las cifras que, entre otras instituciones, Cruz Roja, Cáritas o Save the Children nos han ido proporcionando en los últimos años, son escalofriantes al demostrarnos, frente a discursos oportunistas y efímeros, la persistencia de la pobreza y el hambre ahora mismo en las proximidades de nuestras casas.

Ser pobre o hablar de pobreza también ha ido cambiando con el tiempo. Cuando el capitalismo industrial desarrolló un tipo de trabajadores con salarios de hambre para subsistir, hacia éstos se dirigió precisamente el concepto y la atención política consiguiente: los pobres fueron, sobre todo desde 1848 -y más desde 1864-, casi exclusivamente los proletarios que causaban problemas al orden instituido cuando reclamaban otras condiciones básicas para vivir. Ellos fueron entonces el centro de “la cuestión social”, eufemismo que encubría metodologías apropiadas para controlar y disciplinar las vidas de cuantos pudieran resultar insultantes para la burguesía triunfante y su orden instituido. Atrás quedaba la alta consideración cultural que, especialmente durante la Alta Edad Media, había tenido la pobreza, su peculiar halo sacral muy  preciado como signo de armonía en cristiandad: atender a los pobres o ser pobre tenía mérito entonces, podía ser objeto de voto en algunas órdenes religiosas y contaba más que simbólicamente para una vida eterna que daba sentido a muchas gestos terrenales. Pero a medida que se fue secularizando y aburguesando la vida, principalmente en las ciudades, pronto el pobre había empezado a ser asimilado al maleante y al vago, porque podía estorbar los buenos negocios e impedir el desarrollo del pleno mercado. Situación que provocó pronto la aparición de normas y leyes que limitaron su movilidad y trataron de “erradicar” –palabra que vuelve de nuevo- su presencia y visibilidad.

Los debates semiteológicos en que, por ejemplo, se enzarzaron Fray Domingo de Soto (1545) y Fray Juan de Robles (1540) a propósito de si la libertad de movimientos del mendigo era o no un derecho, lo demuestran claramente. Suprimirla era privarles de medios de subsistencia, además de que dejaba a los ricos sin esa responsabilidad de atención de que algunos presumían y les privaba de un medio para redimir sus pecados. Domingo de Soto era partidario de mantener el statu quo: la expulsión y persecución le parecía injusta y desproporcionada, especialmente con quienes eran realmente pobres y no meros farsantes. Esta distinción, nada baladí, ya era habitual en toda Europa y, en ciudades como Nüremberg, Brujas, Estrasburgo o Ypres, ya había leyes limitadoras de la movilidad de esta parte importante de la población desde 20 años antes. De 1526 es, igualmente, un importante tratado que escribiera, para la ciudad de Brujas, el valenciano Luis Vives: De subventione pauperum, en que marcaba límites severos tanto a una caridad genérica como a la pobreza indiscriminada. Ahí están ya las clasificaciones fundamentales de pobres que han regido prácticamente hasta hoy y, de paso, las formas que, en un mundo cambiante hacia el capitalismo mercantil como el del XVI de la Europa del norte, adoptaba ya la educación social con los desfavorecidos de la fortuna. Se les desvinculaba claramente del aura religiosa que habían tenido y se establecían fórmulas de recuperación mediante el trabajo que serían el precedente de muchas otras que desde entonces se han implantado- Con el internamiento, el encierro, la represión y el control como sistema, se marcaban las pautas con que tanto tendrían que ver cárceles e internados de diversa especie y sobre los que tan lúcidamente escribiría Michel Foucault (1926-1984), por ejemplo en Vigilar y Castigar.

Este desplazamiento histórico de la pobreza, de virtud a peligro social, ha sido tan importante como que ahora, a medida que la crisis va avanzando y se instala como sistema, se esté volviendo a profundizar, renovado, ese discurso excluyente, incluso en circuitos de directa proyección pública. De ciudadanos con derechos, se está pasando a reiterar cada vez más un discurso segregador, de rechazo invisibilizador para un paisaje presuntamente idílico, que les contempla como estorbo, suciedad y molesto peligro económico. En este sentido, al margen de si lo que ha dicho la esperanza del PP para la ciudad de Madrid es o no constitucional -y que ha tratado de enmendar con un remedo de solución mediática-, lo relevante es que esta candidata a la alcaldía madrileña ha verbalizado un sentimiento aversivo de algunos de sus posibles votantes y, probablemente, se ha hecho eco explícito de cierta hostelería turística que pretende regir la vida de todos los madrileños. La expectativa de estar en el candelero un rato más y de lograr un puñado de votos exquisitos es síntoma de un modo de estar y querer una sociedad eminentemente dirigida por una jerarquizada distinción y excelencia, esa nueva manera de eludir la vieja lucha de clases. Les obsesiona el estatuto de igualdad ante la ley: la fraternité siempre han encontrado maneras de soslayarla, y a la otra gran motivadora de la revolución de finales del XVIII, la liberté, siempre han tenido a mano doctrinarios sobrados para darle la vuelta a propia conveniencia, cuando no profundos reaccionarios que se encargaran de que no prendiera nunca. Mucha gente se ha quedado patidifusa con el teatrillo que ha montado la lideresa, y mucha otra lo ha visto muy coherente con las más acendradas maneras que ha venido mostrando desde que ha empezado a escalar el Gotha político, especialmente desde 1996.

En este contexto preelectoral, también es llamativo que la Conferencia Episcopal –y después de ella Cáritas- haya venido a invocar estos días pasados la atención a la pobreza, un discurso relativamente nuevo respecto a tiempos  recientes, en que, de todos modos, es difícil encontrar un decisivo apoyo a la justicia distributiva y hacia una conceptualización precisa de las formas de pobreza, dominio o exclusión en que andamos inmersos. Tampoco concretan a qué época, momento o contexto histórico quieran referirse cuando en una especie de atricción imperfecta piden disculpas por no haber estado a la altura de los más necesitados. ¿Es una calculada ambigüedad que permita cualquier tipo de lectura amable, en que quede en el aire calibrar hasta dónde quiera comprometerse la Iglesia Católica en España, tanto hacia una nueva lectura de su pasado como hacia ahora mismo? Para ser creíbles como institución, tendrán que definir mejor de qué lado juegan, como han hecho siempre sus mejores pastores. El tiempo ya casi sólo se mide por estos gestos, porque, a medida que el grupo de los ricos se va volviendo realmente más pequeño y la distancia respecto a los pobres es creciente, las políticas de distinción han ido cambiando paralelamente.

A las políticas de identificación y reconocimiento –advertía no hace mucho Bernard Secchi en La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres (Catarata, 205)- se unen crecientemente la separación y exclusión. Obviamente, al sistema educativo español nada de esto le es ajeno, lleno como está de contrastes y disposiciones encargadas de que las modalidades de exclusión y las discriminaciones se prolonguen sin cuento: cierta “libertad educadora” da para esto y para más. Por supuesto que hay pobres y ricos por medio y, también, pobres tratamientos de las situaciones más difíciles de nuestra población estudiantil, especialmente las que generan fracaso y abandono en medio de un desdén continuado. Por eso lo realmente audaz sería que Dña. Esperanza –la joven promesa del PP que no se arredra con su juguetona expresividad descarada- descolocara de verdad a su ciudadanía madrileña predilecta dejando a cero los privilegios de que ha ido dotando a la enseñanza privada y concertada de diversas formas y maneras; “erradicando” las zonas discriminatorias que sus políticas o las de sus epígonos -que la LOMCE consagra- han ido propalando y extendiendo como mancha de aceite por el territorio no sólo madrileño; y defendiendo una enseñanza pública no mendicante como la que se ha empeñado en desarrollar, unos comedores escolares abiertos a la comunidad, unos profesores mejor atendidos en sus preocupaciones innovadoras y autonomía personal, o la apertura a una educación democratizadora y no clasista. Porque lo que ha soltado a propósito de “los indigentes” que andan por las calles céntricas de Madrid es un serio síntoma de algo más grave que una mera anécdota para no perder cancha en los medios. Es el broche verbal de cuanto ha hecho sistemáticamente desde que ha empezado a tener poder, en capítulos tan sensibles como sanidad, servicios sociales y educación, invocando además un falso fetiche de libertad.

En cuanto a los obispos, omnipresentes en los entresijos educativos españoles -amén de bastantes otros cuyo amparo radica en un símil de Concordato cada vez más difícilmente sostenible sin trampantojos-, esta pobreza que ahora tratan de que estimule su atención pastoral no debiera quedarse en retórica fórmula estratégica, propicia a la movediza sociología de las jornadas preelectorales que nos esperan o a la oportunista casilla del IRPF. Para que sea consistente su prédica, tienen muchas maneras de hacer vivo el propósito de enmienda en que dicen estar. Por ejemplo, pasando a primer plano de acción interna aquel Esquema XIII del Vaticano II, que tantas esperanzas suscitó en los sesenta, con la praxis que en aquel entorno se generó: todavía existen grupos preteridos de entonces, que testimonian un “kerigma” cercano a la pobreza bien distinto. Entretanto, cualquier ciudadano –y más si cree en el Jesús del Evangelio- tiene razones para desconfiar de que hablen de pobreza desde una situación de poder y privilegio como la que ostentan.  Sin ir más lejos, y respecto a la educación española pública, cualquiera tiene derecho constitucional a preguntarles si ahora van a ser colaboracionistas o reformistas de las desigualdades existentes en tal ámbito. Contéstenles si seguirán ayudando a desregular el derecho a una educación digna para todos y a que todos los ciudadanos tengan una sólida protección legal en este terreno. ¿Propugnarán que este asunto del derecho educativo se reduzca a contrato privado de cliente o favorecerán que crezca como propiedad social de todos? ¿Ayudarán desde su posición sociopolítica a que se creen pactos consensuados con que domesticar el mercado educativo y sea menos destructivo de los lazos de relación? Porque esta es la cuestión principal en este momento –en este Primero de mayo de 2015-: la pobreza se está filtrando capilarmente a todo lo más íntimo y profundo de nuestra consistencia social y democrática. La globalización y sus vectores han encontrado fórmulas  potentes para la precarización regresiva de la sociedad –La sociedad líquida, de Zigmunt Bauman- y, también, para el desarrollo de la verdadera individualidad de cada ciudadano, para la que es clave una sólida educación pública. Estos últimos pasos de la metamorfosis de la cuestión social, están llevando –como decía el propio Castell- a un “individualismo negativo” que, en ningún caso parece que contribuya a que su “buena nueva” cunda mejor: “Bienaventurados los pobres….” (Luc. 6, 20) requiere gestos y actitudes más claros que nunca.

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