Vox endurece sus exigencias para ayudar al PP: rechazo al Pacto Verde e inmigración

La formación de Santiago Abascal condiciona su apoyo a los presupuestos autonómicos a una declaración explícita de los barones populares en contra de las políticas europeas sobre cambio climático e inmigración.

José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox y líder en Madrid. / Vox
José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox y líder en Madrid. / Vox

El partido de ultraderecha Vox ha elevado la presión sobre el Partido Popular en el marco de las negociaciones para la aprobación de los presupuestos autonómicos. La formación liderada por Santiago Abascal ha dejado claro que no apoyará las cuentas en aquellas comunidades donde el PP necesita sus votos, a menos que los presidentes autonómicos populares realicen una declaración inequívoca rechazando el Pacto Verde europeo y la política migratoria del Gobierno de España. “Queremos una declaración expresa, no unas declaraciones titubeantes”, subrayó el portavoz de Vox, José Antonio Fúster.

El punto de inflexión en la estrategia negociadora de Vox fue el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana con el presidente Carlos Mazón. Para destrabar la negociación presupuestaria, el dirigente popular asumió los postulados de Vox en materia migratoria y climática, algo que la formación ultra celebró como una victoria política.

Ahora, el partido de Abascal busca replicar esta estrategia en otras autonomías donde el PP depende de su apoyo, como Aragón, Murcia, Extremadura y Baleares.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha comenzado a dar pasos en esa dirección. Ha anunciado que su Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto que establece el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Para Vox, este gesto es positivo, pero insuficiente. “Eso es lo que queremos: una declaración expresa, no solo gestos”, insistió Fúster, señalando que la renuncia al Pacto Verde debe ser manifiesta.

La exigencia de Vox: una ruptura con la línea del PP europeo

Uno de los puntos más conflictivos de la exigencia de Vox es la renuncia expresa al Pacto Verde, una estrategia comunitaria suscrita por el Grupo Popular Europeo para luchar contra el cambio climático. Azcón ya ha marcado distancia con estas políticas, al afirmar en una reciente entrevista en La Razón que muchas de las iniciativas medioambientales de la UE deben ser cuestionadas, especialmente aquellas que afectan a la agricultura y la automoción. Sin embargo, Vox exige una condena total del acuerdo y no meras críticas parciales.

Esta posición supone un dilema para el PP. Por un lado, sus dirigentes autonómicos necesitan los votos de Vox para sacar adelante los presupuestos. Pero, por otro, un rechazo explícito al Pacto Verde podría generar tensiones con la dirección del PP europeo y comprometer la imagen del partido con sectores moderados del electorado.

El ultimátum de Vox y su estrategia a largo plazo

Si bien en Aragón las negociaciones están avanzadas, en la Región de Murcia se han encontrado nuevos obstáculos. Vox ha criticado con dureza que el Gobierno autonómico de Fernando López Miras continúa facilitando la enseñanza de religión musulmana en centros públicos y concertados, algo que según el partido ultra es “inaceptable”. En realidad, esta medida se deriva de la Ley de Educación de 2006 y de un acuerdo de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Aun así, Vox ha exigido la eliminación de esta enseñanza como condición para negociar las cuentas.

El portavoz Fúster señaló que “por ese camino vamos mal, muy mal” y advirtió de que, sin un giro en esta política, las negociaciones presupuestarias podrían quedar en punto muerto. En paralelo, el líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, ha presentado una moción en el Parlamento autonómico para eliminar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, exigiendo al PP su respaldo.

La postura de Vox no solo responde a la coyuntura presupuestaria, sino que forma parte de una estrategia política de mayor alcance. La formación ultra busca marcar perfil propio y presionar al PP para que vire hacia sus postulados. La exigencia de realizar pruebas de edad a los menores migrantes no acompañados acogidos por las comunidades, una medida ya aceptada por Mazón en Valencia, es otro de los puntos clave que Vox quiere imponer en las demás autonomías.

Las negociaciones entre el PP y Vox siguen abiertas, pero la posición de la formación de Abascal se ha endurecido. La condición previa para cualquier acuerdo presupuestario es que los barones populares realicen una “declaración contundente contra el Pacto Verde y la política migratoria del Gobierno”. El PP, por su parte, se encuentra en la difícil situación de equilibrar su estrategia electoral entre la presión de Vox y la necesidad de mantener su imagen ante el electorado moderado y las instituciones europeas. El desenlace de estas negociaciones podrá determinar el rumbo político de varias comunidades autónomas en los próximos meses. @mundiario

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