Víctor de Aldama amplía las acusaciones de corrupción al PSOE sin aportar pruebas
El empresario Víctor de Aldama declaró este lunes ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Según su testimonio, el exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García habrían recibido entre 3,4 y 4 millones de euros en comisiones ilegales, presuntamente pagadas por constructoras a cambio de obtener obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes durante la gestión de Ábalos.
En su comparecencia de tres horas ante el magistrado instructor Leopoldo Puente y el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, Aldama aseguró que las mordidas se habrían repartido entre él, Ábalos y García, y que parte de los fondos habrían sido desviados al PSOE. No obstante, cuando fue interrogado sobre las pruebas de sus afirmaciones, el empresario reconoció no tener evidencia directa, limitándose a señalar que se basaba en comentarios de los implicados.
El único documento presentado como respaldo fue una nota manuscrita atribuida a Koldo García que detalla nombres de constructoras y ciudades como Madrid, Murcia y Huesca. Sin embargo, fuentes judiciales indican que dicho manuscrito carece de validez jurídica y que algunas de las empresas mencionadas ya han negado las acusaciones.
Aldama describió un esquema en el que las constructoras habrían pagado entre el 1% y el 1,5% del valor de los contratos adjudicados. Según su versión, entregó personalmente a Ábalos hasta 170.000 euros en efectivo, tanto en su despacho del Ministerio como en su domicilio particular. También afirmó que tras 2021, comenzó a canalizar los pagos a través de Joseba García, hermano de Koldo García, debido a que Ábalos temía estar siendo vigilado.
El empresario también vinculó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en supuestas irregularidades. En particular, aseguró haber entregado a Cerdán un sobre con 15.000 euros en un bar cercano a la sede del PSOE como compensación por una licitación, algo que el dirigente socialista ha desmentido categóricamente. Respecto a Torres, Aldama mencionó el alquiler de varios pisos en Madrid para encuentros privados, aunque no ofreció detalles concretos ni pruebas adicionales.
El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, encargó una revisión de las adjudicaciones señaladas por Aldama, concluyendo que no se han detectado irregularidades en los expedientes. Además, algunos de los proyectos mencionados no llegaron a licitarse o fueron tramitados por ministros de gobiernos anteriores, como Ana Pastor e Íñigo de la Serna, del Partido Popular, o por la sucesora de Ábalos, Raquel Sánchez.
Tras las declaraciones de Aldama, el PSOE anunció que emprenderá acciones legales contra el empresario por calumnias e injurias. En un comunicado, el partido destacó que las afirmaciones de Aldama carecen de pruebas y que sus declaraciones han ido variando con el tiempo. “Cuando se comprueba la falsedad de sus acusaciones, este investigado se siente obligado a renovar el repertorio de sus calumnias”, señaló la formación.
El caso ha generado un gran revuelo político, especialmente por las implicaciones que podrían derivarse de las acusaciones. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes y las contradicciones en el testimonio de Aldama han sembrado dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones.
Aldama enfrenta otras investigaciones, incluido un presunto fraude fiscal en el sector de hidrocarburos valorado en 182 millones de euros. Su colaboración con la justicia, mediante señalamientos a altos cargos del PSOE, ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de obtener beneficios legales en su proceso.
La aparición de Daniel Esteve, líder de la empresa Desokupa, acompañando a Aldama en su llegada al Tribunal Supremo, también ha generado polémica. Esteve, conocido por su participación en desalojos extrajudiciales, calificó el momento como “sorprendente” en un mensaje en redes sociales, lo que ha levantado suspicacias sobre la relación entre ambos.
El Tribunal Supremo continuará investigando el caso, que se perfila como un enfrentamiento entre las acusaciones de un empresario sin pruebas sólidas y la defensa de un partido político que busca preservar su reputación. @mundiario
