Las víctimas de la dana estrenan la comisión en el Congreso con el reclamo de “cárcel” para Mazón

Los familiares de los fallecidos en la tragedia del 29 de octubre abrieron la comisión de investigación en el Congreso con un mensaje de indignación y dolor: reclaman verdad, justicia y responsabilidades políticas.
Rosa María Álvarez Gil, presidenta de la Asociación de Víctimas de la dana. / Congreso
Rosa María Álvarez Gil, presidenta de la Asociación de Víctimas de la dana. / Congreso

La primera sesión de la comisión de investigación sobre la dana que devastó la Comunidad Valenciana se convirtió en un escenario de conmoción y denuncia. Los familiares de las 229 víctimas mortales comparecieron ante los diputados del Congreso para exigir responsabilidades y recordar que, a su juicio, sus seres queridos no murieron por un fenómeno natural, sino por una “cadena de errores” y la “falta de previsión”, la “pésima gestión”, el “abandono institucional” y la “indiferencia”.

Los testimonios, cargados de emoción y rabia contenida, coincidieron en un punto: el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue señalado como el principal responsable de lo ocurrido. “A nuestros familiares no los mató el clima, los mató la falta de previsión”, afirmó Rosa María Álvarez Gil, hija de una de las víctimas y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana. “El primer paso ha sido Mazón dimisión, ahora queda otro: Mazón a prisión”, añadió entre aplausos de parte del hemiciclo.

La sesión inaugural de la comisión tuvo un tono todavía más tenso. A lo largo de más de cinco horas, los familiares de las víctimas se sucedieron en el estrado relatando escenas de desesperación y pérdida. Muchos de ellos describieron cómo sus allegados murieron atrapados en sus casas o en sus coches sin recibir alertas de evacuación.

Carmina Gil, que perdió a su suegra, denunció que “la gestión fue nula”, una “cadena de errores”. “La catástrofe social y humana fue consecuencia de la improvisación, de la negligencia política y de un cálculo político interesado”, siguió. “No pedimos compasión, pedimos verdad. No queremos minutos de silencio, queremos responsabilidad”, sentenció la afectada.

Otro de los testimonios más duros fue el de Dolores Ruiz, que perdió a su marido y a sus dos hijos. Sin notas ni discursos preparados, habló desde el corazón para describir cómo perdió “lo mejor de mi vida”. “Me los han matado”, zanjó. “Yo de partidos y de política no sé nada, pero lo que sí sé es de gente que no ha hecho bien su trabajo”, afirmó en una intervención conmovió a buena parte de los diputados, aunque el debate político no tardó en emerger.

 

La fractura política en torno a la tragedia

A pesar del tono solemne que la jornada requería, el intercambio político entre los grupos solo se intensificó. Las fuerzas progresistas —PSOE, Sumar, ERC, Podemos y EH Bildu— centraron sus críticas en el Gobierno valenciano y en el propio Mazón, mientras que PP y Vox intentaron repartir las responsabilidades entre las administraciones autonómica y central.

Gabriel Rufián (ERC) pidió a las víctimas que “desconfíen” de quienes piden “no politizar la tragedia” y sostuvo que “tiene nombre y apellidos y hay responsabilidades homicidas en todo esto”. Por su parte, Javier Sánchez Serna (Podemos) fue tajante: “no fue sólo un fenómeno meteorológico” y pidió “cárcel para Mazón”.

Desde el PP, el diputado César Sánchez defendió que “el deber moral”, de la gestión de infraestructuras para proteger a la población “es de todas las administraciones sin excepción”. En ello ha incluido al Gobierno central, e insistió en que “es esencial aprender de la experiencia” sin convertir el dolor en arma partidista. Vox, por su parte, calificó la actuación autonómica de “errónea, tardía e incompetente”, aunque también acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber dejado “solos a los valencianos por un simple cálculo partidista”.

Entre la desconfianza y la esperanza

Más allá de las discrepancias políticas, el paso de las víctimas por la comisión tuvo un valor simbólico y moral. Por primera vez, sus voces fueron escuchadas oficialmente en sede parlamentaria. Rosa María Álvarez destacó que iniciar la comisión con sus testimonios ayuda a “recuperar la confianza en las instituciones”.

Sin embargo, la desconfianza persiste. Muchos familiares denunciaron haber sido ignorados durante meses por las autoridades autonómicas. “Somos víctimas de una gestión catastrófica. Nuestras vidas no pueden estar en juego de intereses políticos. Esperemos que nunca más esté al frente de una institución un mentiroso como Mazón”, denunció Álvarez, quien aseguró que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, nunca se ha puesto en contacto con ella.

 

Una comisión bajo la sombra de la indignación

El clima emocional de la jornada dejó claro que la comisión de investigación será una confrontación política con profundas implicaciones éticas. Las víctimas reclamaron justicia, pero también “memoria”, y advirtieron de que no permitirán que el caso se diluya en el ruido partidista.

“Que cada Rosa, cada Felipe, cada Sergi, sean el recordatorio de lo que nunca debe volver a pasar”, concluyó Carmina Gil. Su frase sintetizó el sentimiento general: la necesidad de transformar el dolor en una exigencia de responsabilidad.

La comisión sobre la dana ha comenzado con un mensaje inequívoco: las víctimas quieren justicia y no discursos. En sus historias se entrelazan el dolor personal y la denuncia institucional, un clamor que interpela directamente a los responsables de la Administración pública.

El nombre de Carlos Mazón —ya fuera del cargo pero todavía en el centro del debate— se ha convertido en símbolo de una reclamación que va más allá de lo judicial: la de un país que busca saber si la tragedia pudo haberse evitado. Y si la respuesta es afirmativa, las familias no están dispuestas a aceptar el silencio como respuesta.

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