Unidas Podemos plantea la derogación del delito de injurias a la Corona
El poder del Estado español es ahora objeto de interpelación. La facción más radical del socialismo español sigue demostrando su posición a favor de la monarquía, ya sea por los intereses políticos que predominan en el estatus quo de aparente simpatía del rey Felipe VI por el Gobierno socialista de coalición o por las cuotas de poder que el ala de Pablo Iglesias ha venido ganando desde que entró al Ejecutivo. Sea el caso que fuere, los socialistas prefieren mantener el orden actual de las cosas para no perder ese ‘trono’ en el que Pedro Sánchez, voluntaria o involuntariamente, los colocó. Ahora la extrema izquierda juega a favor de la supervivencia política de la Corona.
La tensión se apodera del Gobierno ante un asunto que podría dar pista libre al surgimiento de esos radicalismos sociales bien instalados contra la permanencia de la monarquía, atizando ese sentimiento republicano que los españoles abandera desde hace años: la reforma del Código Penal para reducir las penas o derogar delitos relacionados con la libertad de expresión. Se trata de una movida que requerirá muchos apoyos en el Congreso, al menos dos tercios por encima de los votos seguros que tiene Podemos para aprobar cualquier proyecto de ley convencional, pero este es de todo menos convencional, pues implica una reforma profunda al que tal vez sea el apartado más importante del ordenamiento jurídico penal español.
La presión social es lo que ha obligado al Ejecutivo de coalición a considerar esos cambios. De esta forma se pone sobre la mesa el debate de si la libertad de expresión debe ser más regulada por el Estado. Lo cierto es que la movilización por la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hásel, apoyado por un manifiesto de más de 200 artistas que defendían al músico, entre los que se incluía a Pedro Almodóvar o Joan Manuel Serrat, llevaron este lunes por la noche a la administración de Pedro Sánchez a anunciar en un comunicado de dos párrafos que “el Gobierno prepara una reforma del Código Penal para que este tipo de delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de prisión”.
El trasfondo de esta propuesta
Pero más allá de un simple debate en el Congreso de los Diputados, un minucioso análisis jurídico es lo que debe primar, con su debido control de daños en términos políticos, dentro de la propuesta del oficialismo para que sea Unidas Podemos quien, con racionalidad, saque adelante un proyecto sin generar tensión dentro del poder legislativo y en las calles, pues la aprobación de beneficios procesales para los detenidos por propagar afirmaciones de irrespeto e infamia a la monarquía sería un aliciente político que el socialismo busca con ansias a fin de obtener más legitimidad y/o aprobación.
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Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha ofrecido más detalles sobre esta modificación y señala que, “de momento, se están estudiando los tipos penales que tienen más problemas y no hay fecha para tenerla lista”. Por lo tanto, hasta que no haya una punibilidad determinada para cada delito en los actos de infamia a la Corona según su gravedad, no se podrá otorgar algún tipo de beneficios legal para los acusados en estos hechos, que han derivado en la aparente necesidad de revisar el Código Penal con miras a evitar un control autoritario del Gobierno sobre el tan tergiversado concepto de la libertad de expresión, sobre todo en una monarquía constitucional y democracia liberal como España.
Unidas Podemos también tiene su propia agenda al margen de las instituciones del Estado e incluso en paralelo a la del PSOE y Pedro Sánchez. Este martes terminó la redacción de su “ley de protección de la libertad de expresión”, una reforma completa que ha registrado hoy en el Congreso. La visión de los socialistas es que sin libertad de expresión no hay democracia plena, pero, ¿quién determina el límite de esa libertad? El ala radical de la extrema izquierda pretender abrogarse dicha competencia por su fuero gubernamental. El dilema está en si dicha acción sería constitucional o no; y es ahí donde entra en juego el Congreso, y en un caso in extremis de bloqueo político, el Tribunal Constitucional.
En su borrador del proyecto de reforma de ley, el sector socialista del Ejecutivo plantea directamente derogar varios delitos importantes: “el de injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el de injurias a las instituciones del Estado e incluso el delito de enaltecimiento del terrorismo”. La intención es impedir que se fomenten conductas sociales de extremismo contra el Estado y las instituciones, similar al fenómeno ocurrido en Estados Unidos. Pero el vehemente clamor social de una república por encima de la monarquía sigue latente en la conciencia política de los españoles frente al evidente apoyo de Podemos a la Corona. @mundiario
