La trama de las mascarillas sacude a la Diputación de Almería
La detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y de su vicepresidente, Fernando Giménez, supone un nuevo giro en el ya complejo mapa de casos vinculados a la contratación de material sanitario durante la pandemia. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se desarrolla bajo secreto. Pero los hechos conocidos bastan para constatar la gravedad política del momento: la cúspide institucional de la provincia está bajo sospecha.
Según fuentes oficiales, junto a los dos dirigentes del PP ha sido arrestado también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, además de otras dos personas. Los registros en sus domicilios y despachos buscan aclarar si, durante la adjudicación de un contrato de dos millones de euros en abril de 2020, se produjeron comisiones ilegales que oscilarían entre los 200.000 y los 400.000 euros. En el centro de la investigación figura la compra de mascarillas, guantes y monos de protección a la empresa Azor Corporate Ibérica, vinculada a un empresario investigado por narcotráfico, venta de armas y blanqueo por un juzgado de Barcelona. Un historial que, por sí solo, invita a preguntarse cómo se validó entonces semejante proveedor.
El caso no surge de la nada. En junio de 2021 ya había sido detenido el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, sobrino del alcalde de Fines y pieza clave de la trama, según los investigadores. Desde entonces, 17 personas han pasado por sede judicial en unas diligencias que avanzan con la lentitud habitual de las macrocausas, pero con una contundencia creciente a medida que se cierran círculos en torno a los responsables políticos de la institución.
Las defensas, previsiblemente, insistirán en el contexto extraordinario de la pandemia, cuando la urgencia y la escasez de material obligaron a decisiones bajo presión. Pero la excepcionalidad no puede transformarse en coartada para justificar prácticas opacas ni adjudicaciones que hoy resultan difíciles de explicar, menos aún cuando se sospecha de mordidas millonarias en una crisis sanitaria sin precedentes. La corrupción en tiempos de emergencia sanitaria tiene un carácter especialmente corrosivo: erosiona la confianza pública justo cuando más necesario era protegerla.
El PP andaluz afronta ahora un episodio incómodo que amenaza con prolongarse. Aunque toda investigación debe seguir su curso con garantías, incluida la presunción de inocencia, la detención de quienes encarnan la máxima autoridad provincial obliga a una reflexión institucional inmediata. La transparencia en los contratos de emergencia sigue siendo una asignatura pendiente en España, y la reiteración de casos en distintas administraciones demuestra que el problema no es coyuntural, sino estructural.
Más allá de las responsabilidades penales que determine la justicia, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionaron unos fondos destinados a proteger vidas en el peor momento de la pandemia. En un Estado de Derecho, la confianza no se sostiene en declaraciones de inocencia, sino en mecanismos sólidos de control. La operación en Almería recuerda, de forma abrupta, que aún queda mucho por hacer. @mundiario
