El Supremo detecta indicios de pagos “irregulares y opacos” entre los cabos sueltos del caso Koldo

El juez Puente considera “muy significativa” la coincidencia temporal entre los movimientos de dinero en efectivo en sobres en Ferraz y los contratos de obra pública bajo investigación, pero el PSOE niega cualquier irregularidad.
Sede del Tribunal Supremo. / @PoderJudicialEs
Sede del Tribunal Supremo, España. / @PoderJudicialEs

El caso Koldo sigue sumando capítulos con un creciente impacto político y judicial. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido volver a citar a declarar al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente. La decisión llega tras un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que describe con detalle la existencia de presuntos pagos en efectivo, sobres con membrete del PSOE y movimientos de dinero sin respaldo documental que podrían configurar un sistema de ingresos paralelo.

El juez destaca en su resolución que estos hallazgos “profundizan en los indicios de criminalidad” que ya constaban en la causa, al acreditar que Ábalos y García “pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación” de sus patrimonios, “recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión” del amaño de contratos públicos bajo sospecha.

El informe de la UCO revela comunicaciones entre Koldo y su entorno que apuntan a un sistema de “ingresos” camuflados en metálico, identificados con el término en clave txistorra. En una de las conversaciones, la esposa de Koldo le informaba de que terceras personas habían preparado sobres con dinero “para él y para José (Ábalos)” en Ferraz, confirmando después la entrega mediante fotografías de los sobres con membrete oficial del partido y cantidades precisas: 826,73 euros en uno, 2.928,26 euros en otro.

Para los investigadores, la coincidencia temporal entre estos pagos y los presuntos amaños de contratos de obra pública que se investigan, durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, no es casual. El Supremo considera “muy significativa” la sincronía entre ambas circunstancias y sugiere que el flujo de dinero en efectivo podría estar vinculado con las comisiones ilegales generadas por esas adjudicaciones.

El juez pone el foco en los registros de reintegros

El juez Puente resalta que, desde 2018 —año en que Ábalos fue nombrado ministro—, no existen registros de reintegros de efectivo en sus cuentas bancarias, a pesar de que su nivel de gasto personal se mantuvo alto.

La UCO ha identificado dos vías contables: “por un lado, los gastos reclamables y reembolsables por cauces oficiales”; y, por otro, “una contabilidad paralela, referida a gastos que, por su naturaleza o por su beneficiario, no serían susceptibles de justificación formal ni reintegro institucional”. Este esquema habría operado durante años y, según los agentes, tuvo continuidad mientras Ábalos ejercía funciones de Gobierno, coincidiendo con la presunta recepción de dinero procedente de comisiones por contratos públicos.

El magistrado también subraya la “contradicción” entre estos indicios y las declaraciones del exministro, quien ha asegurado que su relación con Koldo García se limitaba a la habitual entre un ministro y su asesor. Sin embargo, el análisis de la UCO muestra que Koldo asumía gastos personales de Ábalos, como hipotecas, viajes o pagos domésticos, sin contraprestación explícita conocida, lo que refuerza la sospecha de que ambos compartían un sistema de ingresos ilícitos.

El PSOE niega cualquier financiación ilegal

Las implicaciones políticas del informe van más allá de los dos investigados. El documento de la Guardia Civil provocó que el PSOE divulgara un comunicado para negar cualquier práctica de financiación irregular, en un contexto que el PP relaciona con los testimonios de empresarios implicados, como Víctor de Aldama y la imputada en la trama de hidrocarburos Carmen Pano, quienes afirmaron que parte de las comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública se destinaban “al partido”.

La instrucción del caso Koldo, que nació como una investigación por supuestos contratos inflados de material sanitario durante la pandemia, se ha transformado en una causa con ramificaciones políticas de primer orden.

En los próximos días, la declaración de Ábalos y Koldo ante el Tribunal Supremo será clave para determinar si los indicios de la Guardia Civil se consolidan como pruebas de una trama organizada de financiación opaca, o si, por el contrario, se limitan a irregularidades personales. En cualquier caso, el nuevo giro judicial añade presión sobre el PSOE y reaviva el debate sobre la rendición de cuentas y la ética pública en el ejercicio del poder. @mundiario

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