Sumar alerta sobre 630.000 contratos de alquiler que vencen en 2026 y presiona al PSOE
El mercado de la vivienda española está al borde del colapso y Sumar ha puesto sobre la mesa una cifra que ningún Gobierno puede ignorar: 630.000 contratos de alquiler vencerán a lo largo de 2026, exponiendo a millones de familias a subidas que podrían superar el 50%. La alarma se ha convertido en un ultimátum: si el PSOE no acepta el decreto de medidas propuesto por el socio minoritario, la presión política y social promete ser implacable.
La vivienda se ha convertido en el dolor cotidiano de millones de españoles. Los precios se han disparado en los últimos años, y muchas familias se enfrentan a la perspectiva de no poder renovar sus contratos sin asumir incrementos que superan cualquier lógica económica. Para Sumar, la situación no admite dilación: “Hay que pinchar la burbuja del alquiler y nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas”, afirmó Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo.
La propuesta de Sumar busca prorrogar los contratos que expiran y aplicar medidas inmediatas que mitiguen la presión sobre los arrendatarios. La pandemia dejó contratos firmados a precios reducidos, pero la recuperación económica y la especulación han disparado el mercado, generando un escenario de angustia para los hogares de clase media y trabajadora. El ministro calcula que la media de estas familias podría ver un coste adicional de 1.735 euros anuales solo por la renovación de alquileres, lo que se traduce en 1.000 millones de euros acumulados para toda España.
La tensión entre los socios del Gobierno no es nueva. El PSOE, que tiene las competencias en vivienda, ha mostrado reticencias a aprobar el decreto de Sumar, mientras Pedro Sánchez ha promovido otras ayudas dirigidas a propietarios frente a los impagos. En este contexto, Bustinduy ha optado por un discurso directo: proteger a los inquilinos o blindar los beneficios de los rentistas. “Ninguna persona entendería que el Gobierno no actúe para proteger a las personas trabajadoras”, insistió.
Un conflicto de intereses que golpea a los ciudadanos
Sumar insiste en que la crisis de vivienda no es un problema abstracto: afecta de manera desproporcionada a las familias trabajadoras y vulnerables. Según los datos del panel de hogares de Hacienda, los próximos 12 meses registrarán el mayor volumen de vencimientos en cinco años. Esto coloca a la vivienda en la primera línea de preocupación social, algo que los estudios del CIS confirman: un 20% de la población la considera el principal problema del país, y hasta un 40% la ubica entre sus tres prioridades.
Ahora bien, no solo Sumar está movilizando la agenda política sobre vivienda. Otros grupos de la izquierda, como Podemos, han reclamado la ampliación de la moratoria de desahucios, una medida del escudo social durante la pandemia que vence el 31 de diciembre. La convergencia de estas demandas refuerza la presión sobre el PSOE, que deberá decidir si actúa de forma inmediata o permite que la crisis se agrave.
La urgencia de medidas inmediatas
El argumento de Sumar es claro: la solución existe y puede aplicarse sin demora. El real decreto presentado al PSOE propone mecanismos sencillos para evitar que los arrendatarios sufran incrementos desproporcionados, mientras se busca estabilizar el mercado. La cuestión no es solo económica, sino también ética y política: proteger a las familias frente a la especulación inmobiliaria se ha convertido en una prueba de la capacidad del Gobierno para responder a la crisis social más sentida por los españoles.
Detrás de los 630.000 contratos que vencen hay 1,6 millones de historias de familias que podrían enfrentarse a decisiones dramáticas: mudanzas forzadas, incrementos que hipotecan su economía o incluso desahucios. La vivienda ya no es un asunto abstracto ni un debate técnico; es un problema humano que exige soluciones inmediatas. @mundiario
