La solución es pactar reglas de juego que hagan posible la convivencia

Mirar a otro sitio y apelar a los  magistrados del Tribunal Constitucional que has nombrado para que te resuelvan el problema no hace sino enquistarlo y dejar expedito el camino a la gangrena.

Artur Mas ha convocado una consulta desde la legalidad estatutaria, si bien los poderes excepcionales que la Constitución le da al Presidente del Gobierno central determinará la automática suspensión de la consulta convocada una vez sea admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad anunciado desde Madrid. Pero el problema político subsistirá hasta que no se reconozca, desde el pacto bilateral y el marco europeo, el derecho a decidir de la ciudadanía catalana. La aportación del lehendakari Urkullu, apelando a la soberanía compartida en el contexto de la Unión Europea, podría desbloquear el problema, si bien Rajoy sigue mirando a otro lado y pretendiendo que los magistrados del Constitucional que nombró le resuelvan el problema...

El derecho y la política deberían ser útiles a los intereses generales y constituir buenas herramientas para resolver problemas. Si no los resuelven e incluso se invocan para perpetuar los existentes o crear otros nuevos, habría que reformularlos para adecuar su potencialidad a las demandas sociales.

Analizando la cuestión desde la visión puramente jurídica, el president catalán Artur Mas ha convocado una consulta no vinculante (no un referéndum, como el escocés) al amparo de una ley catalana aprobada por el 85% de su Parlament, en el ejercicio legal de una competencia autonómica que el Tribunal Constitucional reconoció en su sentencia del 2010, cuando recortó ampliamente el marco estatutario pactado entre los Parlamentos estatal y catalán contribuyendo con mucho al actual sentimiento de desafección de buena parte de la sociedad catalana. Sin embargo, el artículo 161 de la Constitución le otorga al Presidente del Gobierno del Estado la competencia que le niega a los Presidentes de la Xunta o de la Generalitat o al propio lehendakari: la mera interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley y/o contra la convocatoria de la consulta determinará la suspensión de la misma en Derecho .

Sin embargo, el problema político no acaba con esta suspensión. Porque el conflicto se enmarca entre dos legitimidades que nacen ambas del voto ciudadano y no se resuelve anteponiendo España a Catalunya, ni una ciudadanía a la otra. La aparente contradicción jurídica exige una solución política, mucho más cuando la reciente votación escocesa nos enseña que por votar ni caen los puentes, ni rompen los países ni  caen enfermas las personas. A la ciudadanía catalana no se le pode convencer de su eterna minoría de edad ni de su incapacidad para decidir lo que principalmente a ellos les corresponde decidir , a pesar de que la ciudadanía del conjunto del Estado tenga también derecho a determinar alguna de las premisas del resultado final. 

Entonces, la solución es pactar reglas de juego que hagan posible la convivencia. El marco europeo debería garantizar la unidad de mercado y la acción conjunta, mucho más entre pueblos con tan íntimos vínculos históricos. Los mecanismos de soberanía compartida, como ha recordado el lehendakari Urkullu, pueden contribuir a resolver la desafección.

Pero mirar a otro sitio y apelar a los  magistrados del Tribunal Constitucional que has nombrado para que te resuelvan el problema no hace sino enquistarlo y dejar expedito el camino a la gangrena.