Los sindicatos de la justicia planta cara al ministro Campo

Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia. / RR SS
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. / RR SS

Los sindicatos hacen bien en su protesta a Juan Carlos Campo, ante la falta, en definitiva, de medidas de prevención de contagio en la sedes, que  son "vagas y poco concisas" y se reducen a guardar la distancia de seguridad.

Los sindicatos de la justicia planta cara al ministro Campo

Los sindicatos del ámbito de la justicia no suscriben el plan de actualización presentado por el Ministerio de Justicia y que se  recoge  en el real decreto-ley de medidas procesales y organizativas,  que está aún pendiente de consolidarse por el Congreso de los Diputados. Los representantes de los trabajadores de la administración judicial entienden, con razón,  que existe una falta de previsión por parte del departamento del ministro Juan Carlos Campo, que ha llevado a presentar un documento "absurdo" que "llega tarde y mal".

Aducen que las medidas que establece dicho acuerdo no contribuyen en modo alguno a paliar los efectos de la paralización de la actividad judicial, ya que no podrán incorporarse a las oficinas judiciales el 100 por ciento de los funcionarios ante las deficiencias estructurales que presentan la mayoría de las sedes judiciales y la falta de previsión del ministerio. Además, acusan a Justicia de haber perdido el tiempo durante meses sin tomar ninguna medida realista y útil para evitar el colapso de la Justicia ocasionado por la suspensión de la actividad judicial, colapso que se suma al que ya sufre históricamente esta Administración por la dejadez de los distintos gobiernos..

A juicio de los sindicatos, lo único que ha hecho Campo es echar un pulso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "para ver quién tenía más mando en la gestión de este servicio público". Y al hilo, señalan que el órgano de gobierno de los jueces tampoco ha propuesto ninguna medida real para paliar los efectos de esta paralización judicial. "Se ha limitado a exigir, como única alternativa para la continuación de la actividad, la presencia de los funcionarios en las sedes judiciales, con un absoluto desprecio hacia las personas que prestan servicio en la Administración de Justicia, sabedores de que no contaban con las medidas de seguridad que garantizase y preservase la salud de los trabajadores", añaden.

Sin duda, el colapso se podría haber evitado con el teletrabajo y con la continuidad de la actividad sin riesgo para la salud de los funcionarios. En cambio,  el Ministerio y las comunidades autónomas  se han limitado a cerrar  las sedes judiciales. No se puede desde la responsabilidad política en este asunto  trasladar  toda la responsabilidad sobre las espaldas de los funcionarios, quienes han mantenido los servicios esenciales pese a la falta de medidas de protección frente al contagio de la Covid-19.  En este sentido, hay que denunciar  que se busque reiniciar esa actividad sin acondicionar previamente las sedes, en donde  hay hacinamiento en muchas oficinas judiciales de este país. Y, como bien señalan, es. absurda la idea de celebrar juicios por las tardes durante la desescalada, y que para evitar aglomeraciones las partes citadas deban  esperar fuera del edificio. Porque "es descabellado" imaginar a las personas pendientes de entrar a la vista oral en la calle, "a las cinco de la tarde, en pleno verano en ciudades como Sevilla o Córdoba".

Por último, añaden que ya solo con la medida que propone Justicia de que sean los letrados judiciales los que decidan si se aumenta la plantilla, hubiera bastado para no firmar el plan propuesto. La LOPJ no reconoce competencias a estos cuerpos de la Administración de Justicia en materia de personal, por lo que no puede dejarse al arbitrio de los mismos la dotación de la plantilla.

Parece como si en el Ministerio de Justicia sus actuales responsables no quisieran   cumplir lo que establece la autoridad sanitaria en cada ámbito territorial, puesto que no es aceptable que algunas localidades o territorios vayan a seguir en la fase 0 de la desescalada mientras sus servicios de Justicia pasan a la fase 1. Como si el personal de Justicia , y quien tenga que acudir a las sedes judiciales,  fueran ciudadanía de segunda, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto de ciudadanos.

Una vez más se  antepone  la prestación de servicios no esenciales durante el estado de alarma a la protección de la salud de los trabajadores, como se hizo  cuando en Justicia aceptaron la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales, incluyendo la práctica de actos de comunicación y ejecución no telemáticos que se niegan a prohibir.

Los sindicatos hacen bien en su protesta a Campo, ante la falta, en definitiva, de medidas de prevención de contagio en la sedes, que  son "vagas y poco concisas" y se reducen a guardar la distancia de seguridad. @mundiario

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