El Senado se divide al reprobar el “hostigamiento” de Vito Quiles a Santaolalla
El Senado vivió este miércoles una escena insólita y cargada de simbolismo político: todos los senadores del PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís abandonaron el pleno para escenificar una condena conjunta contra el agitador ultra Vito Quiles por el “hostigamiento” y “acoso” denunciado por varias senadoras y por la tertuliana Sarah Santaolalla. La declaración institucional, leída fuera del hemiciclo, no contó con el respaldo del PP ni de Vox. La ausencia de estos dos grupos convirtió el gesto en algo más que una condena: en una fotografía nítida de la fractura política sobre los límites entre libertad de expresión y acoso.
La encargada de poner voz al texto fue la senadora socialista Rocío Briones, una de las parlamentarias que acompañaba a Santaolalla el pasado lunes, cuando se produjo el incidente en las puertas de la Cámara Alta. Su intervención no fue neutra ni burocrática. Fue una reivindicación política y moral: “Frente a la intimidación: más democracia; frente al machismo: más igualdad; y frente al intento de silenciar a las mujeres: una respuesta firme, colectiva e institucional”.
Lo ocurrido no fue un cruce áspero de declaraciones ni una pregunta incómoda formulada en el ejercicio del periodismo parlamentario. Según la declaración promovida por los socialistas, Quiles “deambuló por la zona de Pasos Perdidos con la clara e inequívoca intención de acosar” a Santaolalla, a quien —sostienen— persigue de forma reiterada. “No acudió a informar, no acudió a preguntar, no acudió a debatir. Acudió a hostigar”, recoge el texto.
Simulación de delito
La escena posterior amplificó el impacto del episodio. Santaolalla difundió en sus redes sociales un vídeo del momento y más tarde publicó una imagen con un cabestrillo tras acudir al hospital. Tanto ella como el PSOE presentaron denuncia en una comisaría de Madrid. Quiles, por su parte, ha respondido con otra denuncia, acusándola de simulación de delito. El conflicto ha saltado así del plano político al judicial.
La Cámara Alta no es ajena a la polémica en torno a determinados activistas acreditados como reporteros. En diciembre, el Congreso abrió un expediente a Quiles tras la denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios por grabar en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la serie ‘Anatomía de un Instante’. El agitador también tiene pendiente otra denuncia por el acoso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un acto celebrado en la Cámara.
Libertad de expresión o acoso: la línea que divide al Senado
El núcleo del debate no es solo un incidente concreto. Es una frontera cada vez más difusa en la política contemporánea: ¿dónde termina la libertad de expresión y comienza el acoso? La declaración leída por Briones es tajante: “La libertad de expresión no ampara el acoso. Ninguna acreditación profesional puede utilizarse como escudo para intimidar”.
Para los grupos firmantes, la cuestión no es ideológica sino institucional. El Senado —sostienen— debe garantizar que cualquier persona que participe en el debate público pueda hacerlo “sin miedo, sin persecución y sin agresiones”. El mensaje es especialmente contundente cuando se refiere a la violencia machista, incluyendo la digital y la ejercida en el espacio público. El texto no menciona solo un nombre propio: denuncia un patrón.
La ausencia de PP y Vox en la declaración introduce, sin embargo, una lectura política inevitable. La derecha optó por no respaldar el texto promovido por el PSOE, lo que deja al descubierto una discrepancia profunda sobre la naturaleza del episodio y sobre el papel de ciertos perfiles mediáticos que operan en los márgenes del periodismo tradicional. La condena, por tanto, no fue unánime. Y esa falta de unanimidad es, en sí misma, un dato relevante.
Un pulso que trasciende a los protagonistas
Más allá de Quiles y Santaolalla, lo que está en juego es el clima del debate público. La política española lleva años tensionada por la irrupción de nuevas formas de activismo digital que convierten cada intervención en un potencial enfrentamiento viral. La grabación constante, la búsqueda del corte polémico y la confrontación directa forman parte de una estrategia comunicativa que encuentra eco en redes sociales.
La respuesta del Senado pretende marcar un límite institucional a esas prácticas. No se trata, argumentan los firmantes, de blindar a los cargos públicos frente a la crítica. Se trata de evitar que el espacio parlamentario se convierta en un escenario de hostigamiento personal, especialmente cuando la víctima es una mujer que participa en un acto sobre igualdad. @mundiario
