Sánchez enfría los Presupuestos y se vuelca en la crisis por el impacto de la guerra de Irán
El Gobierno ha optado por ganar tiempo. En plena escalada internacional derivada del conflicto en Irán, el presidente Pedro Sánchez ha decidido aparcar, al menos temporalmente, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y centrar los esfuerzos en un paquete de medidas urgentes para mitigar el impacto económico de la guerra. La decisión, aunque no formalizada como un aplazamiento explícito, supone en la práctica un nuevo retraso en una de las principales obligaciones políticas del Ejecutivo.
El argumento del Gobierno se apoya en la excepcionalidad del contexto. Sánchez ha enmarcado la situación actual como una de las crisis más graves de su mandato, subrayando la necesidad de priorizar respuestas inmediatas frente al encarecimiento energético y sus efectos sobre hogares y empresas.
El foco del decreto que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario se sitúa claramente en el ámbito energético. Según el Ejecutivo, la guerra refuerza la validez de su estrategia en esta materia y obliga a reforzar medidas de protección económica, especialmente en sectores vulnerables como el transporte o el campo.
Sin embargo, este giro hacia lo urgente deja en segundo plano la planificación estructural que representan los Presupuestos, clave para definir la política económica del Estado y para salir de la cadena de prórrogas desde 2023.
Divisiones internas y presión de los socios
No es la primera vez que el calendario presupuestario se difumina. El Gobierno ha ido desplazando sucesivamente los plazos: de finales de 2025 al primer trimestre de 2026, y ahora a una referencia más ambigua, “a lo largo del año”. La vicepresidenta primera María Jesús Montero ha evitado concretar fechas, limitándose a señalar que el Ejecutivo sigue trabajando en las cuentas. En paralelo, ha defendido la prórroga presupuestaria como un mecanismo plenamente constitucional, pese a que España continúa operando con las cuentas aprobadas en 2022.
Este retraso no solo responde al contexto internacional, sino también a la fragilidad de la mayoría parlamentaria. La falta de apoyos suficientes ya impidió aprobar el techo de gasto, paso previo indispensable para presentar los Presupuestos. El decreto anticrisis que prepara el Gobierno refleja también tensiones dentro del propio bloque de investidura. Uno de los principales puntos de fricción es la inclusión de medidas de vivienda, como impulsan los ministros agrupados en Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición.
Formaciones como EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Podemos presionan para incorporar políticas como la prórroga de alquileres o medidas contra los desahucios. En cambio, partidos como Partido Nacionalista Vasco (PNV) o Junts per Catalunya rechazan su inclusión, advirtiendo del riesgo de romper el consenso necesario para convalidar el decreto. La posición del ala socialista del Gobierno parece inclinarse por limitar el paquete a medidas energéticas y económicas, dejando fuera la vivienda para evitar un choque con estos socios clave como Junts.
El Gobierno prefiere evitar riesgos
El aplazamiento de los Presupuestos también tiene una lectura política. Presentar unas cuentas sin garantías de aprobación podría suponer una derrota parlamentaria de calado que podría dejar tocada la legislatura y, así, reabrir el melón sobre un eventual adelanto de elecciones generales a las que el Gobierno se cierra en banda. El propio Sánchez había señalado que la incapacidad de aprobar Presupuestos podía justificar una convocatoria anticipada de elecciones. Evitar ese escenario pasa, en el contexto actual, por no someterse a esa prueba.
Además, el retraso permite al Ejecutivo gestionar mejor los tiempos políticos en un año marcado por la debacle del PSOE en Extremadura y Aragón, junta a la recuperación en Castilla y León. En Ferraz, el principal objetivo por ahora es superar la cuesta que suponen las elecciones en Andalucía, otrora bastión del socialismo y hoy gobernado por el PP con mayoría absoluta, que podría definir el futuro de la política en clave nacional.
La decisión de priorizar la gestión de la crisis sobre la elaboración de los Presupuestos plantea un dilema de fondo. Por un lado, la respuesta inmediata a la guerra y sus efectos es imprescindible. Pero la ausencia de nuevas cuentas públicas limita la capacidad de planificación económica del país. @mundiario
