Sánchez: “No he tenido ninguna relación con Aldama ni hay corrupción en mi Gobierno”

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el caso Koldo se convirtió, más que en un ejercicio de rendición de cuentas, en un capítulo más de la guerra política total que domina la vida pública española. El presidente del Gobierno negó con rotundidad cualquier relación con el empresario Víctor de Aldama —presunto conseguidor de contratos durante la pandemia— y trató de marcar distancia con los escándalos que salpican a antiguos miembros de su partido, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. “No he tenido absolutamente ninguna relación con el señor Aldama”, afirmó. Pero lo hizo en un contexto en el que la crispación eclipsa los hechos.

Sánchez se defendió contraponiendo su Gobierno a los del Partido Popular, al que acusó de haber mantenido una “corrupción sistémica” y una “policía patriótica” durante años. Su estrategia no fue tanto la autocrítica como el espejo: responder a cada acusación con otra, recordar los sobresueldos de los populares y el silencio ante las comisiones cobradas por el hermano de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. “¿Qué diría el PP si mi hermano hubiera cobrado 280.000 euros?”, lanzó el presidente. La respuesta de los senadores populares fue inmediata: convertir la sesión en un intercambio de reproches más que en un ejercicio de control.

El tono se tensó cuando Sánchez calificó a Alberto Núñez Feijóo de “amigo del narco”, una alusión directa a las fotos del líder popular en los años noventa con el contrabandista gallego Marcial Dorado. El insulto, más propio de una campaña electoral que de una comparecencia institucional, marca el nivel de deterioro del debate político: ya no se discuten hechos, sino narrativas; no se buscan responsabilidades, sino titulares.

El presidente, a la defensiva, reconoció que “en alguna ocasión” recibió dinero en efectivo del PSOE para “liquidar gastos”, aunque subrayó que siempre fue “contra factura” y en “cantidades anecdóticas”. Pero su mayor argumento no fue jurídico, sino moral: “En este Gobierno no hay corrupción sistémica”. El problema es que esa afirmación, aunque cierta en términos comparativos, no basta para disipar las sombras que proyectan los casos en los márgenes del poder socialista.

Un tribunal político y mediático

Tampoco ayuda la estrategia del PP, que ha convertido la comisión de investigación en un tribunal político y mediático. Sánchez la describió como un “circo” y una “comisión de difamación”, y no le falta razón: el formato se ha transformado en un escenario de linchamiento simbólico en el que la búsqueda de la verdad importa menos que la oportunidad de la foto o el corte viral.

Ambos partidos, PSOE y PP, parecen haberse resignado a que el descrédito del adversario vale más que la rendición de cuentas propia. El presidente se ampara en el pasado corrupto del PP, y los populares se aferran a cualquier indicio para sugerir que el PSOE está siguiendo el mismo camino. Entre tanto, la ciudadanía asiste a un espectáculo de mutua destrucción que erosiona la confianza en las instituciones.

Sánchez tiene derecho a defenderse y a exigir respeto para su vida personal, como hizo al lamentar “los ataques personales” dirigidos a su familia. Pero también tiene la obligación de liderar con un tono distinto. Porque si la política española sigue reducida a la lógica del barro, no ganará quien mejor se defienda, sino quien más contribuya a ensuciar el terreno.

El caso Koldo no debería ser el escenario de un duelo entre los partidos de Sánchez y Feijóo, sino una oportunidad para reforzar los mecanismos de control, transparencia y ejemplaridad. Sin embargo, el Senado se ha convertido, una vez más, en un plató. Y mientras los líderes se acusan de ser amigos de narcos o encubridores de tramas, lo que realmente se esfuma es la dignidad del debate democrático. @mundiario