Sánchez defiende la competencia exclusiva de la Administración central en la expulsión de migrantes
En una entrevista con El País, Pedro Sánchez enfatiza que la expulsión de migrantes es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, descartando la posibilidad de que Cataluña tenga ese poder, incluso después del acuerdo con Junts para transferir competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Sánchez destaca que el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea establece claramente las directrices, y se enfoca en la construcción de una política comunitaria en este ámbito.
El presidente del Gobierno subraya que lo cedido a Cataluña son las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de política migratoria. Aunque reconoce que es natural que soliciten competencias, destaca que es un proceso parlamentario que requerirá el consenso de todas las fuerzas políticas. Enfatiza que la migración no debe equipararse con la delincuencia y resalta el papel ejemplar de España en política migratoria, siendo reconocido como tal por líderes europeos.
Respecto a las críticas sobre posibles chantajes por parte de Junts, Sánchez niega sentirse chantajeado y lamenta que, al pactar con el nacionalismo, la izquierda sea percibida como vendiendo fragmentos de España. Destaca que el diálogo y la cooperación son muestra de fortaleza y coherencia con el Título VIII de la Constitución.
Sánchez aborda la situación con el PP, expresando su deseo de poder entenderse en políticas como la revalorización de las pensiones. Critica la postura del PP respecto a este tema y señala la falta de renovación del CGPJ como un incumplimiento de la Constitución por parte de los populares.
La entrevista también toca el tema de la ley de amnistía, indicando que su intención es reunirse con Puigdemont y Oriol Junqueras después de su aprobación. Sánchez destaca la normalización en Cataluña y la necesidad de hablar sobre estos temas en un contexto de cambio legislativo.
Por último, anuncia la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en internet, ante la creciente problemática del acceso a contenidos pornográficos por parte de menores. Propone un acuerdo de país con tres ejes: una ley integral, una estrategia multidisciplinaria y la creación de dispositivos para impedir el acceso de menores a contenido inapropiado en la red. Este proyecto refleja el compromiso del Gobierno con la protección y formación de los jóvenes en la era digital. @mundiario
