Sánchez y Ayuso elevan el pulso político por la gestión del aborto en Madrid
El debate sobre la política sanitaria madrileña ha vuelto a situar a Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en el centro de un enfrentamiento institucional que se arrastra desde hace años. En esta ocasión, el desencuentro gira en torno al aborto: el Gobierno central llevará a los tribunales al Ejecutivo autonómico por negarse a poner en marcha el registro de objetores de conciencia previsto en la reforma de la ley de 2023.
El propio Sánchez abrió la controversia al subrayar que la Comunidad de Madrid deriva el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a centros privados. El dato procede del último informe del Ministerio de Sanidad y, según el presidente, evidencia una anomalía que vulneraría el espíritu de la normativa estatal. “No vamos a tolerar que se menoscaben los derechos de las madrileñas. Por eso hemos ordenado a la Abogacía del Estado presentar un recurso ante el TSJ”, anunció.
La reacción de Ayuso fue inmediata. La presidenta evitó rebatir la cifra, pero aprovechó el ataque para reiterar su rechazo frontal al registro obligatorio de objetores. Según ella, ese mecanismo supone una intromisión del Gobierno en la libertad de los profesionales sanitarios. “Solo un Gobierno con tentaciones autoritarias puede pretender obligar a un médico a realizar aquello que rechaza por convicción”, aseguró antes de recordar que otras comunidades también derivan abortos y que Castilla-La Mancha envió a Madrid cerca de 2.000 casos el pasado año.
La controversia no es nueva, pero se ha intensificado tras la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto. El legislador introdujo el registro para facilitar la organización del servicio, evitar bloqueos en los hospitales públicos y asegurar que las cargas asistenciales no recaen siempre en los mismos facultativos. Varias autonomías expresaron reticencias iniciales, pero Baleares y Asturias acabaron adaptándose tras el requerimiento del Gobierno. Madrid, en cambio, ha optado por la confrontación abierta.
Desde las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, agrupadas en la asociación Acai, se alerta de que el mensaje político está generando confusión entre las mujeres. Subrayan que la IVE es una prestación gratuita, tanto si se realiza en un centro público como en uno concertado, y que la derivación es una práctica habitual en varias comunidades. Añaden, además, que algunas mujeres eligen acudir directamente a clínicas privadas para evitar circuitos de derivación que consideran estigmatizantes.
El enfrentamiento entre administraciones se produce en un clima político especialmente crispado. El Ejecutivo de Ayuso insiste en que solo los tribunales deben zanjar esta disputa y acusa al Gobierno central de imponer su visión sin diálogo. Mientras tanto, Moncloa interpreta la negativa madrileña como una enésima muestra de desobediencia institucional.
Todo apunta a que la batalla judicial marcará el próximo capítulo de un conflicto que va más allá de la gestión sanitaria y que refleja, una vez más, el choque permanente entre Sánchez y Ayuso, convertido ya en uno de los ejes centrales de la política española. @mundiario
