Sánchez amplía la querella por prevaricación contra el juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ampliar la querella por prevaricación que interpuso contra el juez Juan Carlos Peinado, quien está al frente de la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La nueva acción legal fue presentada el jueves por la Abogacía General del Estado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La querella ampliada sostiene que el juez Peinado ha incurrido en una “injusticia intrínseca” al realizar “interpretaciones forzadas o artificiosas” en la instrucción del caso. Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa en una comparecencia el pasado 30 de julio, ha criticado duramente al magistrado, acusándolo de dictar resoluciones “injustas” que se apartan de su deber investigador.
En una declaración desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez calificó de “patético y bochornoso” el episodio en el que Peinado acudió a tomarle declaración como testigo. Además, defendió la querella presentada por la Abogacía del Estado, argumentando que se han atropellado derechos fundamentales de la institución de la Presidencia del Gobierno, vigentes desde 1886.
La controversia en torno a esta causa se intensificó cuando Begoña Gómez, también querellada contra el juez Peinado, acusó al magistrado de adoptar decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas". Su abogado, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado al TSJM que investigue al juez por presunta prevaricación, así como por revelación de actuaciones procesales secretas.
El pasado 22 de agosto, Peinado emitió una providencia en la que sugirió que se pueden extraer “conclusiones” del silencio de Sánchez durante su comparecencia. Aunque reconoció que el silencio del presidente es legítimo, señaló que este puede dar lugar a inferencias que, combinadas con otros elementos objetivos, podrían indicar la existencia de indicios incriminatorios o, por el contrario, excluir la responsabilidad penal.
La situación ha generado un clima de alta tensión política y judicial, con implicaciones profundas para el Gobierno y el sistema judicial español. La evolución de esta causa será crucial para el futuro inmediato de la política en España. @mundiario
