Pedro Sánchez presenta una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado, el juez que le tomó declaración como testigo este lunes en la causa por tráfico de influencias que implica a su esposa, Begoña Gómez.
La querella, firmada por la Abogacía del Estado en representación de Sánchez, cuestiona la decisión del juez Peinado de tomarle declaración presencialmente en el Palacio de la Moncloa, en lugar de hacerlo por escrito. Según el documento, la abogada del Estado argumenta que el juez justificó esta medida afirmando que las preguntas se relacionaban con la condición de Sánchez como “esposo” de Begoña Gómez, y no en su calidad de presidente del Gobierno.
El equipo legal de Sánchez sostiene que esta decisión constituye un acto de prevaricación, ya que consideran que no se ajusta a las normas procesales adecuadas para el caso. La Abogacía del Estado enfatiza que el presidente debería haber tenido la opción de responder por escrito, dada su posición y las implicaciones de su cargo.
Sánchez ha optado por acogerse a su derecho a no declarar como testigo en el proceso judicial abierto contra su esposa, Begoña Gómez. Esta decisión se produjo este martes durante una breve comparecencia ante el magistrado Juan Carlos Peinado, quien se presentó en el palacio de La Moncloa para interrogar al mandatario en el sumario que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El magistrado Peinado llegó a La Moncloa a las 10,20 de la mañana, con la intención de grabar la declaración del presidente. Sin embargo, Sánchez decidió no responder a las preguntas del juez, amparándose en el derecho contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exime a los familiares directos de los investigados de la obligación de declarar contra ellos. Esta decisión, según fuentes jurídicas presentes en la cita, apenas duró unos minutos.
La presencia del juez en la sede de la Presidencia del Gobierno ha sido un hecho sin precedentes en la actual etapa democrática. La intención de Peinado era interrogar a Sánchez sobre asuntos que no guardan relación con su cargo, sino con su rol de esposo de Begoña Gómez. No obstante, el presidente se acogió a su derecho a no declarar, basado en la protección de los derechos de la defensa familiar.
La comparecencia ha generado gran expectación y polémica. La organización ultracatólica Hazte Oír, que actúa como acusación popular en el caso, había convocado una manifestación cerca de La Moncloa con el lema "Sánchez tiene que dar la cara". A pesar de la convocatoria, solo una treintena de personas acudieron a la protesta, coreando consignas como "Sánchez dimisión, Sánchez a prisión" y "Sánchez canalla, España no se calla".
Tanto la Fiscalía como la defensa de Begoña Gómez han criticado duramente el procedimiento. El ministerio público ha calificado la investigación como "carente de indicios" y ha acusado al juez de impulsar una indagación prospectiva, desmesurada y llena de disfunciones. El fiscal José Manuel San Baldomero ha subrayado la falta de evidencias que justifiquen las acusaciones de tráfico de influencias, denunciando la falta de justificación en las decisiones del magistrado Peinado.
El proceso contra Begoña Gómez se inició el 16 de abril, tras una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias. La investigación se centra en la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, sus vínculos con Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, y sus conexiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra.
La situación sigue siendo incierta, mientras la Fiscalía y la defensa continúan denunciando las irregularidades del proceso. El caso se mantiene bajo la lupa pública, con numerosos interrogantes sobre el futuro de la investigación y las implicaciones políticas para el presidente y su esposa. @mundiario
