Sánchez acelera su agenda en Cataluña y Euskadi para amarrar su mayoría ante el caso Cerdán

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y Salvador Illa, president de la Generalitat. / La Moncloa
El presidente del Gobierno apuesta por cerrar acuerdos clave con ERC, el PNV y Junts antes del parón veraniego para sostener una legislatura al límite como la financiación singular, cesiones de competencias o la agenda social.

Pedro Sánchez ha activado todos los resortes del poder para evitar que la legislatura se le escape de las manos tras el terremoto provocado por el encarcelamiento de Santos Cerdán, uno de sus colaboradores más cercanos y exsecretario de Organización del PSOE, investigado por corrupción. Consciente de que la estabilidad del Ejecutivo depende del apoyo de sus socios parlamentarios, el presidente ha intensificado discretamente su agenda con Cataluña y el País Vasco en un intento por blindar la mayoría que lo sostiene y romper la sensación de que su Gobierno se limita a resistir sin avanzar.

Aunque el pleno del miércoles en el Congreso se saldó sin votaciones formales y con un aparente cierre de filas por parte de sus aliados, el Ejecutivo es plenamente consciente de que la verdadera prueba llegará en septiembre. Por ello, la estrategia de Sánchez pasa por cerrar antes del verano varios acuerdos estratégicos que reactiven la legislatura y refuercen los compromisos con ERC, PNV y Junts, los tres pilares territoriales de su investidura.

El primer movimiento se centra en Cataluña. El lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda se reunirán en Barcelona con el president catalán Salvador Illa y su equipo para reactivar la comisión bilateral Estado-Generalitat. En el centro de la negociación está la financiación singular de Cataluña, una demanda capital de ERC que fue el eje de su apoyo a la investidura de Illa.

El acuerdo en ciernes busca sentar las bases para que la Agencia Tributaria Catalana asuma la gestión íntegra de todos los impuestos en 2026, empezando por el IRPF. Aunque es improbable que el lunes se cierre el acuerdo técnico definitivo —por la complejidad del modelo y la resistencia de Hacienda— sí se espera un pacto político que enmarque la futura proposición de ley, demostrando así el compromiso del Gobierno con la agenda catalana.

Este gesto responde también a la advertencia lanzada por el portavoz de los republicanos Gabriel Rufián sobre “aprovechar” el tiempo en referencia a la fragilidad de la legislatura. En Moncloa son conscientes de que, sin avances tangibles con ERC o el resto de sus socios, el bloque de investidura se debilita peligrosamente.

Reunión con Pradales: el PNV exige hechos tras la retórica

Al día siguiente, Sánchez recibirá en La Moncloa al lehendakari Imanol Pradales. La cita tiene una carga política innegable. El PNV ha mostrado su inquietud por el escándalo de Cerdán y su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, no dudó en lanzar un mensaje duro al Ejecutivo al afirmar que su confianza “va camino de la UCI”. Sin embargo, los jeltzales también cerraron filas ante los ataques del líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En esta reunión bilateral se abordarán las transferencias pendientes recogidas en el pacto de investidura: las pensiones no contributivas, el subsidio de desempleo y la gestión de salvamento marítimo, entre otras. El PNV considera prioritario avanzar en la agenda autonómica vasca antes de que el “lodazal madrileño” desestabilice por completo al Gobierno central.

El éxito de este encuentro será clave para mantener la confianza del PNV, un socio que ha demostrado hasta ahora una gran lealtad, tanto en Madrid como en Euskadi, donde ambas formaciones gobiernan en coalición.

Junts y la oficialidad del catalán: una oportunidad europea

Junts, por su parte, centra ahora su atención en la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una cuestión pactada en el acuerdo de investidura de Sánchez y que podría vivir un momento decisivo este viernes 18, cuando se someterá nuevamente a votación en Bruselas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha intentado disipar las dudas de los países reticentes —entre ellos Alemania— mediante un memorando aclaratorio, pero su efecto aún es incierto.

Pese a la complejidad del proceso, el Gobierno está decidido a insistir hasta lograr el objetivo en esta legislatura, consciente de que un regreso del PP al poder lo dejaría fuera de la agenda europea. Para Junts, este reconocimiento lingüístico es un símbolo clave, y el Ejecutivo busca capitalizarlo para mantener su respaldo.

A la vez, la formación del expresident Carles Puigdemont presiona para que en la ley de reforma de la Justicia se incluyan sus enmiendas destinadas a crear un poder judicial catalán propio, con la supresión de la Audiencia Nacional y la limitación jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. Aunque estas medidas son políticamente explosivas y difícilmente llegarán al Pleno previsto para el 22 de julio, su mera tramitación ya forma parte del balance político que exige Junts.

Sumar acelera su agenda social

Mientras tanto, Sumar —el socio menor del Ejecutivo— también intenta acelerar su programa antes del receso estival. Yolanda Díaz impulsa un real decreto ley que aumenta a 20 semanas los permisos por nacimiento y retribuye cuatro semanas de los permisos parentales, con el objetivo de aprobarlo este mismo mes. La vicepresidenta segunda lo considera una pieza clave para “resetear” la legislatura y relanzar su perfil dentro de un Gobierno que ha perdido parte de su iniciativa.

Sin embargo, incluso esta medida podría enfrentarse a obstáculos, pues Junts ya ha adelantado su rechazo a otras propuestas estrella como la reducción de la jornada laboral, que tampoco se avista antes del parón estival, lo que demuestra que la aritmética parlamentaria sigue siendo endiabladamente frágil.

Sánchez intenta así, con reuniones estratégicas y cesiones pactadas, recomponer una mayoría que se tambalea. Con la amenaza de nuevas revelaciones en la investigación contra Cerdán y el goteo constante de tensiones internas, el tiempo corre en contra del Ejecutivo. Sus socios lo saben, y por eso se apresuran a cobrar sus facturas políticas antes del parón veraniego.

Aunque por ahora nadie pide elecciones (aunque ERC, Junts y PNV señalaron esa vía a Sánchez si no queda más remedio), todos actúan como si el final pudiera estar cerca. En este contexto, Cataluña y el País Vasco se han convertido en los escenarios prioritarios de una ofensiva política para salvar la legislatura. La pregunta que sobrevuela el ambiente parlamentario es cuánto tiempo podrá sostenerse esta frágil arquitectura de alianzas sin que el desgaste acabe por hacerla colapsar. @mundiario