Puigdemont denuncia al juez por el “retraso injustificado” de la amnistía
El expresidente catalán Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts, Toni Comín, han presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Pablo Llarena, encargado de instruir la causa del procés. La denuncia, presentada por su abogado Gonzalo Boye, acusa al juez del Tribunal Supremo de incurrir en un “retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución” de los recursos relacionados con la aplicación de la Ley de Amnistía.
Según el escrito de Boye, este retraso constituye una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al haberse “excedido con creces” el plazo legal para resolver dichos recursos. La denuncia señala que este incumplimiento de los plazos estipulados en el ordenamiento jurídico podría ser considerado como una falta disciplinaria, clasificable como muy grave, grave o leve, según el caso.
El origen de esta acción legal se encuentra en la decisión del juez Llarena de declarar inaplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa tanto a Puigdemont como a Comín. Esta decisión también fue recurrida por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, así como por la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig. A pesar de ello, los recursos siguen sin resolverse, lo que ha motivado la denuncia.
Boye sostiene que los denunciantes han presentado en dos ocasiones recordatorios sobre la pendencia de estos recursos, subrayando que el magistrado ha sido informado de las circunstancias del caso y del retraso en el despacho de los mismos. A pesar de ello, Llarena no ha tomado medidas para resolver los recursos dentro del plazo legal, lo que, según Boye, indica una falta de justificación para la dilación en la tramitación.
La denuncia también hace referencia a la decisión de Llarena de suspender su licencia de vacaciones con el objetivo de supervisar la captura de Puigdemont, lo que, según el abogado, evidencia la intencionalidad maliciosa detrás del retraso en la resolución de los recursos. Esta situación, según el escrito, refuerza la falta de justificación para no cumplir con los plazos legales en la tramitación de los mismos.
Puigdemont, por su parte, ha calificado el incumplimiento de la Ley de Amnistía por parte de algunos jueces como un “golpe de Estado híbrido”. Este argumento lo utilizó para justificar su breve reaparición en Barcelona el pasado 8 de agosto y su posterior huida, afirmando que tiene el deber de "no dejarse detener".
La denuncia ante el CGPJ se convierte en un nuevo capítulo en la batalla legal que Puigdemont y Comín mantienen con el sistema judicial español, marcando un punto de inflexión en el complejo escenario político y judicial que rodea al procés y a la aplicación de la Ley de Amnistía en España. @mundiario
