Puente carga contra el Supremo por no aplicar la amnistía a Puigdemont

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lanzado este lunes duras críticas hacia el Tribunal Supremo, acusándolo de “extralimitarse” en la aplicación de la Ley de Amnistía, especialmente en lo que respecta a su negativa a incluir el delito de malversación en la medida de gracia. Las declaraciones del ministro han generado un nuevo foco de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en torno a la controvertida ley.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), Puente señaló que la labor de los jueces debería centrarse en aplicar la ley de manera íntegra, sin reinterpretaciones que, a su juicio, distorsionan su propósito original. “Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal”, afirmó el ministro.

Puente subrayó que esta interpretación del Supremo carece de fundamento, y anticipó que el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre este asunto, sugiriendo que podría revisar y modificar la postura del Supremo. “El Gobierno ha hecho lo que podía y lo que debía y ahora lo que le toca a la judicatura es hacer lo que le corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo sobre todo a su tenor literal”, dijo.

El ministro advirtió que las interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía por parte de algunos jueces podrían tener el efecto contrario al deseado, al retrasar la aplicación efectiva de una norma que, según Puente, debería haber puesto fin a la controversia judicial relacionada con los eventos de octubre de 2017, incluyendo el referéndum ilegal del 1-O.

Posición del Supremo y su impacto en el procés

El Tribunal Supremo ha rechazado en dos ocasiones aplicar la amnistía al delito de malversación vinculado al proceso independentista catalán, conocido como 'procés'. Tanto el tribunal que juzgó el referéndum del 1-O como el juez instructor Pablo Llarena han argumentado que el delito de malversación, cometido por los impulsores de la independencia, no encaja en la redacción final de la Ley de Amnistía. Según su interpretación, el uso de fondos públicos para promover la independencia, en lugar de financiarlo de sus propios bolsillos, constituye un enriquecimiento indebido.

Una de las consecuencias más destacadas de esta postura del Supremo es la vigencia de la orden nacional de detención contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien aún enfrenta cargos por malversación. Esta orden no fue ejecutada durante la reciente y breve aparición de Puigdemont en Barcelona, lo que ha llevado al juez Llarena a solicitar explicaciones sobre el incidente.

Tensiones entre el Gobierno y la judicatura

Las críticas de Puente reflejan la creciente tensión entre el Gobierno y la judicatura, especialmente en lo que respecta a la implementación de la Ley de Amnistía. Mientras el Ejecutivo defiende la ley como un paso necesario hacia la reconciliación y la pacificación en Cataluña, sectores de la judicatura parecen resistirse a aplicar ciertas disposiciones, especialmente aquellas relacionadas con delitos financieros.

El futuro de la Ley de Amnistía y su aplicación plena aún está por definirse, con el Tribunal Constitucional como posible árbitro final en esta disputa. El desenlace de este conflicto podría tener implicaciones significativas tanto para la política catalana como para las relaciones entre los poderes del Estado en España. @mundiario