El Congreso debate esta misma tarde una proposición de no ley en la que se solicite el derrogamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El PSOE, impulsor de la medida, contaba inicialmente con el apoyo de Unidos Podemos. La reticencia de Ciudadanos de aprobar cualquier cosa que lleve el nombre de derogamiento ha hecho que presenten una enmienda en la que protegen la búsqueda de un nuevo marco para llegar a un trato con los socialistas. De igual forma la antigua Convergència presentó otra enmienda similar. Los obreros reconocen que mantienen una negociación para una transaccional con el resto de bloques, pero a la vez dejan claro que la temida palabra estará sí o sí en el texto.
El coqueteo entre ambos bandos (PSOE y Ciudadanos), cuyo acuerdo de Gobierno nunca incluyó derogaciones sino "plantear un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas del paro y la reforma laboral", podría motivar a Unidos Podemos a retractarse. Los chicos de Pablo Iglesias están totalmente en contra tanto de la reforma conservadora como la socialista, por lo que podrían votar en contra de cualquiera de ambas o cuando menos abstenerse.
Antonio Hernando, portavoz del PSOE, ha reconocido que están negociando una transaccional con el resto de partidos, aunque ha insistido en que el propósito es derogar la ley. "Si no hay acuerdo, mantendremos nuestra iniciativa", compareció ante los medios.
Minutos antes de la reunión de la Junta de Portavoces, Aitor Esteban adelantó su intención de respaldar el techo de gasto que el Parlamento debatirá la semana entrante. El vocero del PNV ha admitido que es un paso importante y que el acuerdo será positivo para Euskadi. Hace unos días, los vascos cerraban la posibilidad de respaldar los Presupuestos.
Así las cosas, los apoyos para Mariano Rajoy para el año entrante están cerca de conseguir la aprobación de la Cámara Baja. A la negociación económica se debe agregar los contactos entre el Gobierno central y el vasco, destinados a reducir la ligitiosidad en el Tribunal Constitucional.
Aparte de las demandas económicas, la administración de íñigo Urkullu pide más respeto a las leyes vascas y que el Gobierno central de marcha atrás a interponer varios recursos. @hmorales_gt
