La politización de las instituciones de control, un debate que registra pocos avances

La politización de las instituciones de control es un debate recurrente que registra pocos avances. La intervención parlamentaria en los nombramientos de organismos reguladores o de control no redunda en su mayor independencia sino que reproduce en parte la polarización política y retrasa las decisiones reformistas. El fenómeno es visible en múltiples órganos. A título de ejemplo sirvan dos muy relevantes y que por definición deberían de mantenerse al margen de esos conflictos partidistas: el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal de Cuentas ha merecido alguna notoriedad en los últimos años cuando una investigación periodística descubrió que el 10% de su plantilla, compuesta por 700 funcionarios, eran familiares de altos cargos de la Administración o la política, a muchos de los cuales se puso nombre y apellidos. Consecuentemente el mecanismo de selección de ese organismo quedó bajo sospecha. Cabe añadir que se trata de uno de los organismos que mejor retribuye a sus empleados, lo que explicaría esa vis atractiva para los familiares de personas influyentes.

El Tribunal de Cuentas tiene doce Consejeros que son nombrados por las Cortes y cuya misión es fiscalizar las cuentas del sector público. De los actuales Consejeros, tres han sido políticos, una de ellos ministra y uno hermano de un Presidente de Gobierno. Es decir, la cuarta parte de los Consejeros está íntimamente vinculada a la política.

En el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la justicia, de sus veinte Vocales, cinco proceden de la política o de puestos directivos de la Administración de carácter político y otros tres tienen relaciones de parentesco con altos cargos políticos. Es decir el 40% de quienes dirigen la organización judicial han sido elegidos por las Cámaras legislativas, conociendo esos antecedentes. Añadamos que una de las Vocales dimitió recientemente al ser descubierta en Andorra con más dinero en efectivo del que la ley autoriza.

El ejercicio de la política no inhabilita para una vida profesional ulterior. Pero tampoco debiera autorizar a ejercer cualquier tipo de actividad

El ejercicio de la política no inhabilita para una vida profesional ulterior. Pero tampoco debiera autorizar a ejercer cualquier tipo de actividad. Aquellas donde se producen conflictos de intereses, las llamadas “puertas giratorias”, o donde la exigencia de neutralidad es mayor, como los citados órganos y otros varios semejantes, deberían de estar vedadas a quienes han ejercido funciones de representación política. 

Dignificar el ejercicio de la política exige, entre otras medidas, despojarla de adherencias innecesarias como las citadas. Una actividad honrosa se prestigia por sí misma y se degrada cuando acude a mecanismos espúreos para influir o controlar lo que debe ser independiente, precisamente como garantía frente a los excesos. @mendezromeu