Permisos y control de “zonas críticas”: el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre inmigración
El Gobierno de España y Junts per Catalunya han alcanzado un acuerdo que permitirá a la Generalitat gestionar parte de las competencias estatales en materia de inmigración. El pacto, negociado en estricto secreto hasta su anuncio este martes, modificará el papel de los distintos actores en la gestión migratoria y establecerá nuevos roles para las fuerzas de seguridad autonómicas en determinados procedimientos.
El acuerdo prevé cambios en la emisión de autorizaciones de residencia y trabajo, pero los aspectos más significativos afectan a la gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), la tramitación de devoluciones y el control documental en fronteras.
Uno de los puntos clave es la previsión de aumentar el número de efectivos de los Mossos d'Esquadra hasta alcanzar los 26.800 agentes en 2032, frente a los aproximadamente 19.000 actuales.
El acuerdo establece que la delegación de competencias no implica una transferencia total de la titularidad, que seguirá en manos del Estado. Sin embargo, la futura ley orgánica permitirá a la Generalitat desarrollar “un modelo propio” y “una política integral” en el ámbito de la inmigración. Pese a ello, la integración y la acogida de solicitantes de asilo seguirán dependiendo del Gobierno central, lo que limita el alcance del nuevo marco competencial.
Seguridad en puertos, aeropuertos y control fronterizo
Los Mossos d'Esquadra compartirán responsabilidades con la Policía Nacional y la Guardia Civil en la seguridad de puertos, aeropuertos y otras “zonas críticas”. Sin embargo, las funciones de la Guardia Civil en el control de fronteras, la policía fiscal y la aduanera no se modificarán. Además, los Mossos podrán asumir tareas en el control documental de pasaportes y la detección de extranjeros con prohibiciones de entrada, en coordinación con las fuerzas estatales.
Uno de los cambios más relevantes del acuerdo es la cesión a la Generalitat de la instrucción y ejecución de determinadas expulsiones y devoluciones. Pero esta medida tiene un alcance limitado en Cataluña, ya que la mayoría de las devoluciones inmediatas se producen en puntos de entrada masivos, como Canarias, y no en territorio catalán.
Las expulsiones que requieren expediente, es decir, las que afectan a personas en situación irregular o con antecedentes penales, seguirán dependiendo del Estado, aunque la Generalitat podrá formular propuestas de expulsión que serán evaluadas por la Junta de Seguridad de Cataluña. En este ámbito, Junts ya ha manifestado su intención de abordar la problemática de los delincuentes multirreincidentes.
La Policía Nacional cederá la gestión del CIE de la Zona Franca de Barcelona a la Generalitat. Este centro alberga a extranjeros en situación irregular pendientes de devolución o expulsión, con una estancia máxima de 60 días. Aunque la competencia de gestión cambiará, el régimen cerrado y la necesidad de autorización judicial para las internaciones seguirán vigentes.
Nueva “ventanilla única” para autorizaciones de residencia y trabajo
Otro de los aspectos destacados del acuerdo es la declaración de Cataluña como “ventanilla única” para la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo. La Generalitat asumirá la recepción, tramitación y resolución de expedientes relacionados con permisos de larga duración, temporales y estancias académicas, así como la expedición de documentos de identidad para extranjeros, una función que hasta ahora correspondía a la Policía Nacional.
En cuanto a la contratación de trabajadores en origen, Cataluña podrá decidir junto a sindicatos y empresas los perfiles y cupos de empleados que se autorizarán, siguiendo un modelo similar al aplicado en el País Vasco.
Los Mossos d’Esquadra asumirán de manera exclusiva la investigación y prevención de delitos de trata y explotación de seres humanos, competencias hasta ahora gestionadas por la Policía Nacional. Según el acuerdo, esta medida busca reforzar la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en Cataluña.
El pacto entre el PSOE y Junts se enmarca en el contexto de negociaciones para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. La delegación de competencias en inmigración responde a una reivindicación histórica del independentismo catalán y supone un paso significativo en la descentralización de la gestión migratoria en España. Sin embargo, el alcance real de estas medidas dependerá de su desarrollo legislativo y de la colaboración efectiva entre administraciones. @mundiario
