¿Peligra la Constitución por los ataques que recibe desde parte del Gobierno y sus socios?

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Los ponentes de la Constitución trabajando
El frente abierto contra la Constitución apunta principalmente a los artículos 2 (España como nación unida), 8 (función de las Fuerzas Armadas en la defensa del territorio y orden constitucional) y 56 y siguientes (de la Corona)
¿Peligra la Constitución por los ataques que recibe desde parte del Gobierno y sus socios?

En este 42 aniversario, la Constitución ha recibido los más serios ataques directos o indirectos, por parte de los propios consocios del llamado “Gobierno de Progreso” y de sus apoyos más celebrados, como Bildu y Ezquerra Republicana de Cataluña que han emplazado a Pedro Sánchez trazándole la ruta que debe seguir si quiere que continúen apoyándolo. En ese sentido, Arnaldo Otegui le ha dicho que “o se avanza en la democratización del Estado español, es decir, dejarlos avanzar hacia la independencia de Euskadi y creación de su república, o que no cuenten más con ellos”. Y de forma menos abrupta, pero igualmente firme ERC plantea objetivos progresivos y que, de entrada, nada del parche del indulto, amnistía para los “presos y exiliados políticos” y todos los implicados en procesos o consecuencias judiciales y administrativas relativos al “procés”.

Para ellos y otros, es tiempo de poner fin al “régimen del 78” y liquidar una Constitución superada y muerta. Y la alternativa va desde un estado federal de carácter multinacional a una confederación de Estados o simplemente a una serie de Estados independientes sin más. No en vano, el mismo Sánchez dijo no hace mucho que España es una nación de naciones, a saber, cuatro: Cataluña, el País Vasco, Galicia y España. Aparte de que en la escuela que el definido no entra en la definición, el doctor Sánchez nos coloca ante un galimatías difícil de entender, salvo que España forma parte de España.image3 (640x480)

La ilusión que se sentía al ponerse en marcha la Constitución

El frente abierto contra la Constitución apunta al artículo 2 (El concepto de España y la configuración del Estado, el 8 (Las Fuerzas Armadas y su función en defensa de la unidad de la nación) y el 56 (de la Corona, que determina la forma de la Jefatura del Estado). A propósito de ello, viene a cuento recordar las palabras de uno de sus redactores, el comunista catalán Jordi Solé Tura, quien dijo que su mérito principal era que, “sin gustar a todos de todo, a todos gustaba algo”. Y eso fue cierto. Jordi Solé Tura. Diputado comunista y catalán. Pero del sentido común de sus palabras nada resuena tanto como cuando dijo: “España no es una invención, no es un artificio histórico. Es una realidad forjada por la Historia, que se ha organizado políticamente mal y queremos organizar políticamente mejor. Por eso estamos hablando de autonomías, por eso estamos intentado llegar a una organización política, y hay que terminar con el eufemismo de designar esto con el nombre de <<Estado español>>. Hay que decir las cosas con toda claridad: España no es una realidad uniforme, pero es una realidad, y es tarea de todos hacer que, incluso sus propios símbolos sean reconocidos como tales”.

Estado disparatado

Muchos creímos que el modo en que se trató de sumergir en el Estado global los nacionalismos vasco y catalán (y en menor medida al gallego), “el café para todos”, acabó conformando un estado disparatado (con competencias duplicadas o que se rozan y en permanente colisión ordinaria, como es bien conocido). Y esto no es ocurrencia mía, lo acaba de advertir Europa al expresar sus dudas sobre la eficacia de que el dinero que se aportará para el relanzamiento de España, a causa de la pandemia, vaya a ser eficaz al trocearse en diversos compartimentos sin una visión global del conjunto, que ha provocado que desde el análisis más independiente se considere a la España del presente un “Estado fallido”, pero todavía puede ser peor.

Pero a pesar de todo, nadie puede negar a la Constitución ha dado muchos logros positivos en orden a la modernización del país, a su estabilidad política, la convivencia y el marco de la incorporación del Reino de España a las naciones democráticas. Y en su seno, se pudieron desarrollar las propias reivindicaciones de las llamadas nacionalidades históricas, como Solé Tura señalaba.

Una bomba de tiempo

Yo fui, en ese sentido, uno de los puntos más controvertidos que tuvieron que solventar los 34 miembros de la Comisión Constitucional del Congreso un histórico 12 de mayo de 1978 fue ponerse de acuerdo en el artículo 2 que asienta la "indisoluble unidad de la nación española" y, a la vez, la existencia de "nacionalidades" en su seno. Fue idea de UCD, pero ya entonces se advertían los problemas que en el futuro plantearía esa diferencia entre las diversas partes del conjunto de España y que el propio ponente Gabriel Cisneros vaticinó como término deslizante y una “bomba de tiempo retardado en la construcción histórica de la unidad española”, pese a lo lejos que estaban todavía Zapatero y Sánchez, Otegui, Rufián, Puigdemont y compañía. Pero UCD logró con ello el apoyo del PSOE, el PCE y los nacionalismos coetáneos. Ya entonces, con enorme lucidez, otro ponente de la Constitución, Miguel Roca, de la minoría catalana, lo dejó claro: "Nacionalidades y nación quieren decir absolutamente lo mismo. Lo que ocurre es que, en la vida política, los términos se amoldan [...] Naciones sin Estado son lo que modernamente ha venido en llamarse nacionalidades [...] Es evidente que España es una realidad plurinacional".

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El humor de Forges vio así a la Constitución

Destacados miembros del PSOE, con enorme optimismo, como el propio Peces Barba, hablaron por vez primera de “nació de naciones” y llegaron a poner como ejemplo de Estados que admitían en su seno a territorios diferenciados no sólo el Reino Unido, sino a la propia Yugoslavia, que no tardaría mucho en desaparecer como país y saltar por los aires. Para otros, quedaba en el aire “una indudable confusión que deja en el futuro en la indeterminación lo que vaya a ser la organización territorial de este país". Pero, nadie lo resumió mejor, con cierto sentido del humor que el diputado aragonés Gómez de las Roces, quien dijo "La ponencia se limita a dar un puntapié al problema, a trasladarlo a mañana. En vez de quitar el proyectil del cañón para que no se dispare, ha preferido ponerle un tapón [...] ¿Quién impedirá que crezca la semilla de la nacionalidad y que en una segunda fase se trate de ocupar una parte alícuota de la soberanía nacional?"  Curiosamente fueron el socialista catalán Joan Recentos y Xavier Arzalluz, del PNO quienes aseveraron que la palabra “nacionalidades” no ocultaba anhelos secesionistas.

Este asunto provocó que, al diferenciar entre nacionalidades y regiones, en las deliberaciones en el Senado quedó de manifiesto el temor a que en el futuro habría dos clases de territorios en España y, por tanto, dos clases de españoles, con el temor de que las nacionalidades querrían avanzar hacia sus objetivos finales, su transformación en Naciones-Estado de pleno derecho, y fue el propio Solé Turá, siempre centrado, quien concluyó que el problema no sería el término nacionalidades, sino como se "De cómo organicemos el poder político, de cuál sea el juego real de las autonomías y la relación con el poder central". Al final, el artículo 2 salió adelante con 30 votos a favor (UCD, PSOE, PCE, Minoría Catalana y PNV), dos en contra (AP) y dos abstenciones (Francisco Letamendía y Emilio Gastón, del Grupo Mixto).

Como es sabido, el 31 de octubre de 1978 el texto salido de la comisión constitucional fue sometido a la aprobación de cada una de las Cámaras, por separado, el dictamen de la Comisión Mixta. El Pleno del Congreso de los Diputados lo aprobó por 316 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. El Pleno del Senado lo aprobó por 226 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones.

Los votos en blanco

Yo fui uno de los 632.902, españoles con derecho a voto, que en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 votó en blanco. Como tantos otros, yo quería constitución, pero que en lugar de meter todo en el mismo combo, se nos hubiera permitido elegir la forma de jefatura del Estado, república o monarquía. No sólo no se permitió, sino que, mediante una oportuna reforma de la ley de prensa, no se admitió el debate, al advertir que sería secuestrado todo documento que cuestionara la unidad de España, al papel del Ejército o que no guarda “el debido respeto” (concepto etéreo) a la Corona.

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La cámara aplaude, tras la sanción de la Constitución por el Rey

S. M. el Rey sometió a referéndum de la Nación el Proyecto de Constitución por Real Decreto 2560/1978, de 3 de noviembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre de 1978. Celebrado la consulta el día 6 de diciembre de 1978, la Constitución quedó sancionada con el siguiente resultado: de 26.632.180 ciudadanos con derecho a voto, votaron 17.873.301, de los cuales 15.706.078 lo hicieron a favor de la aprobación del Proyecto de Constitución; 1.400.505, en contra; 632.902, en blanco, y 133.786 papeletas nulas. Nadie puede negar que la Constitución fue aprobada por amplio consenso en su tramitación parlamentaria y en la respuesta de la ciudadanía.

Monarquía y Ejército

En cuanto al asunto de la Jefatura del Estado, el evidente debate nacional tiene dos escenarios: el de quienes entienden que el ciclo de la Corona en España, con la historia que arrastra debe ser revisado en su momento, como dice Guglielmo Ferrero, “La jefatura del Estado no se puede heredar como una finca”, de modo sereno y no a golpe de las emociones, y de quienes aprovechan el escandaloso comportamiento del Rey honorífico para disparar por elevación sobre el actual monarca y su futuro, y es el consocio de Gobierno, Pablo Iglesias y su grupo quien lanza más artillería.

En cuanto a artículo 8 de la Constitución, en sintonía con los programas soberanistas de los nacionalismos vasco y catalán, la salida o retirada del Ejército de sus territorios es una vieja y repetida exigencia que comparten, expuesta de modo cíclico, mostrado de modo a veces grosero, como cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau consideró improcedente la presencia de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Juventud de aquella ciudad. De ahí que a decisión de Pedro Sánchez de ceder ante las presiones del PNV (para el apoyo a sus presupuestos) el cuartel de Loyola de San Sebastián, contra el criterio de Defensa y las propias declaraciones previas (sin que se sepa a dónde irán los soldados de aquella guarnición) tiene un carácter simbólico que no se puede ignorar.

¿Peligra la Constitución por los ataques que recibe desde parte del Gobierno y sus socios?
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