El pacto judicial de la pareja de Ayuso se frustra por la ampliación de la investigación
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto cerrar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que le habría permitido evitar la cárcel por fraude fiscal. Según el acuerdo preliminar, González Amador aceptaba una condena de ocho meses de prisión, inferior a los dos años que permiten la suspensión de la pena, por dos delitos de fraude fiscal en concurso con dos delitos de falsedad en documento mercantil. Además, el pacto incluía una multa y la devolución de las cantidades defraudadas, ascendiendo el total a 491.824 euros. Sin embargo, este acuerdo ha sido bloqueado debido a una solicitud del PSOE y Más Madrid para ampliar la investigación a otros cuatro delitos.
El acuerdo original contemplaba una multa del 40% de la cuota defraudada, que se traduce en 60.000 euros y 78.380,56 euros, sumados a los 350.951 euros defraudados más unos intereses de 2.493,10 euros. Asimismo, González Amador enfrentaría la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y beneficios fiscales durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda pública.
El pacto también implicaba penas para otros dos cooperadores en la elaboración de facturas falsas: Maximiliano Eduardo Niederer, con una condena de tres meses y 15 días de prisión y una multa de 122.832 euros; y David Herrera Lobato, con una condena de dos meses y 15 días de prisión y una multa de 29.392 euros.
Desde el 2 de febrero, cuando su caso aún no había sido remitido a los juzgados, González Amador había manifestado su deseo de llegar a un acuerdo. Su abogado, Carlos Neira, había contactado al fiscal para expresar esta intención. Sin embargo, el pacto solo podía ser formalizado en sede judicial. Ahora, el proceso ha quedado en pausa porque la jueza María Inmaculada Iglesias ha decidido investigar cuatro posibles delitos adicionales planteados por el PSOE y Más Madrid: administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.
Además, estos partidos consideran que la Fiscalía debería haber presentado cargos por un tipo agravado de fraude fiscal, argumentando la existencia de una organización y el uso de ingeniería contable con personas y entidades interpuestas, algunas de ellas en el extranjero. También sugieren que la cuantía defraudada, actualmente estimada en 350.951 euros, podría ser mayor y que podría haber otros responsables no investigados.
Fuentes cercanas a González Amador que cita El País han calificado este movimiento de los partidos de izquierda como una "jugarreta zafia" y lo ven como un ataque político contra Díaz Ayuso. Carlos Neira ha declarado que no comentarán el escrito presentado por estos partidos hasta que la jueza les informe oficialmente del mismo. @mundiario
